Anita Páez no llora, lucha. Después de cinco meses de búsqueda, Anita encontró a su hijo desaparecido, rescató su cuerpo y lo enterró. Pero no se detendrá hasta que se sepa toda la verdad. Eduardo Garzón Páez salió de su casa, en el barrio Milenta de Bogotá, a las 8:30 de la mañana del 4 de marzo del 2008 y al día siguiente, 5 de marzo, a las 2:45 de la tarde, fue reportado como muerto en combate en las inmediaciones de Cimitarra (Santander). Según lo indican las fotografías, vestía pantalón de camuflado, camisa negra y botas de campaña. Su cuerpo presentaba signos de tortura.

El de Eduardo es apenas uno de al menos 35 casos de homicidios con características de ejecuciones extrajudiciales que, aunque solo han sido conocidos en días recientes, no son noticia nueva.

Estos NO son falsos positivos, ni eventos de reclutamiento forzado. A estas personas las escogen, las desaparecen y las asesinan. Las circunstancias comunes y la distribución territorial de los casos demuestran que se trata de una red criminal conformada por individuos que al parecer pertenecen a las Fuerzas Armadas, que opera exclusivamente motivada por ganancia personal y que se vale de informantes, algunos de ellos desmovilizados, que podrían recibir entre 2 y 6 millones de pesos por hacer seguimiento a los potenciales objetivos, contactarlos y engañarlos para conducirlos al lugar en el que son abatidos.

También se encargarían de conseguir las armas que luego son encontradas junto a los cadáveres e, incluso, aportarían con anterioridad los datos de identificación de las víctimas para que aparezcan con antecedentes judiciales en el momento de la muerte. Esta podría ser apenas la punta del iceberg si tenemos en cuenta que un altísimo porcentaje de los sujetos dados de baja en operaciones contra 'bacrims' (bandas criminales) son reportados como NN a pesar de que muchos de ellos portaban documentos de identidad.

Al menos en cinco de los casos conocidos, las víctimas no habían alcanzado la mayoría de edad. Desde el año pasado he venido alertando con insistencia en el incremento del uso y reclutamiento de niños, niñas y jóvenes por parte de estructuras armadas ilegales, una tendencia que a la vuelta de unos años se habrá convertido en epidemia en las ciudades, si no se contiene a tiempo.

El conflicto se urbaniza y, al urbanizarse, se ensaña con los más vulnerables: niños, desplazados, desempleados. Aunque la presión ha empezado a generar desplazamiento intraurbano, la disposición oficial sigue siendo la de ocultar cifras y cambiar el lenguaje, con muy pocas excepciones, como el seguimiento que hace el Procurador General de las acciones que emprenden los alcaldes y gobernadores en esta materia, asunto en el que he tenido la oportunidad de participar cercanamente.

La semana pasada, cuando salieron a la luz estos hechos, el Ministro de Defensa asumió con notable valentía la responsabilidad política correspondiente, pero ha llegado el turno del alto mando militar: ¿quién manda y quién no está obedeciendo? ¿Quién se hace responsable? ¿Hasta dónde serán capaces de llegar para descubrir las motivaciones últimas tras estos hechos que cubren de vergüenza a las Fuerzas Armadas?

NOTA. Sin rodeos y como un deber moral, apelo a la conciencia de los honorables miembros del Consejo de Estado para que tengan en cuenta la defensa y los graves riesgos que se ciernen sobre niños, niñas y adolescentes a la hora de elegir a su candidato para la terna de la Corte Constitucional.

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Natalia Springer