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Ministro Gaviria, a Dios lo que es de Dios

La propiedad intelectual existe por una razón. Sin patentes farmacéuticas no existirían medicamentos

La solicitud del Ministerio de Salud y Protección Social para declarar de interés público la molécula imatinib, que hace parte del tratamiento de la leucemia, resulta controvertida y, haciendo un análisis detallado de sus implicaciones, poco digna de aplaudir.
En general, las farmacéuticas tienen mala fama y la gente tiende a juzgarlas ‘a priori’, pero detrás de la creación de un medicamento hay varias décadas de investigación que se traducen en inversiones multimillonarias de agentes privados (personas y empresas) que a la larga, como todo inversionista, buscan un retorno de la inversión a muy largo plazo. Esas investigaciones toman años y consumen una gran cantidad de recursos que, claramente, los gobiernos no están dispuestos a asumir.
Por ejemplo, en el caso del imatinib, la investigación para desarrollar el medicamento se inició en la década de los ochenta. Los investigadores, gracias al apoyo de capital privado tardaron casi diez años en descubrir finalmente una nueva molécula que podía ser efectiva contra la leucemia. En 1996 hicieron público su descubrimiento, pero el camino para verla convertida en un tratamiento para combatir esa enfermedad apenas comenzaba.
Un medicamento, antes de ser aprobado para su uso clínico, debe surtir diferentes tipos de estudios que no pueden realizarse en paralelo. Algunos de ellos se deben hacer en el laboratorio y otros, en pacientes con la enfermedad alrededor de todo el mundo. En el caso del imatinib, los investigadores tardaron siete años más investigando, primero en tres centros de Estados Unidos sobre cuál era la dosis adecuada, después en diferentes partes del mundo para ver si era seguro y efectivo y, finalmente, en todo el mundo para ver si era mejor que los tratamiento que ya existían. Dos décadas después de iniciada la investigación y de varios cientos de millones de dólares invertidos, entre el 2001 y el 2003, el medicamento fue aprobado en diferentes países por completo para su uso en pacientes.
Si Novartis, que actualmente tiene la patente del medicamento, con la tranquilidad de que iban a tener la propiedad intelectual no hubiera iniciado sus investigaciones en los 80 e invertido su capital en el desarrollo de este medicamento en las dos décadas subsiguientes, hoy los pacientes con cáncer ni siquiera tendrían la esperanza de acceder a ese medicamento. Es decir, como lo señala Afidra, sin patentes no existirían medicamentos ni comerciales ni genéricos.
La propiedad intelectual existe por una razón. Es el mecanismo que hemos acordado como sociedad para garantizar que haya inversión en investigación e innovación y para prevenir que mentes no tan brillantes se roben lo que no les pertenece. Por ejemplo, solo la industria farmacéutica invirtió, en el 2014, 71 billones de dólares para la búsqueda de nuevos fármacos. Lo que la mayoría de la gente ignora es que de cada 10.000 investigaciones que se inician, solo una terminará en un medicamento 20 años después. Hagan cálculos. Otras industrias como las universidades, los centros de investigación y, en general, cualquier empresa también asumen grandes riesgos e invierten enormes sumas de dinero para el desarrollo de productos que contribuyen a la sociedad con la promesa de poder patentar más adelante su descubrimiento.
Pero si los gobiernos empiezan a tomar acciones como las del Ministerio de Salud, quitándoles a las malas la propiedad intelectual de los medicamentos a las farmacéuticas, sin invertir un solo centavo en investigación, innovación y desarrollo, muy pronto la medicina dejaría de ver los avances a los que nos tiene acostumbrados o, peor aún, por falta de garantías esos tratamientos de avanzada dejarían de llegar a países como el nuestro.
La medida es poco acertada y no pareciera estar relacionada con el interés de los pacientes sino, a la postre, con la plata que dicen que nunca alcanza para nada, pero que todos los colombianos, personas jurídicas y naturales, los sanos y los enfermos, los que prefieren pagar de su bolsillo a usar la EPS e incluso los descarados que le mienten al sistema aportando menos de lo que les corresponde, seguimos viendo tristes y con desesperanza cómo se nos descuenta de nuestros salarios cada mes.
Si el problema es de competencia, como lo ha señalado el comité que le sugirió al Ministerio la medida, ¿por qué no le exigen entonces al Gobierno invertir en la investigación y el desarrollo de nuevas moléculas para tratar el cáncer en vez de darles permiso a otros para que se lucren con productos y descubrimientos que no les pertenecen? Esa es la ética de los países pobres que no saben, ni hacen ni invierten en investigación. Crean marcos jurídicos con un discurso de interés público pésimamente sustentado para expropiar lo que a otros les ha costado años y millones de recursos descubrir.
Ministro, esta medida que pone en riesgo la propiedad intelectual en el país se pone aún más en duda cuando se lee la “muy seria y científica” recomendación que hizo el comité de expertos de Misión Salud, IFarma y el Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional. Lo mínimo que se espera de un informe con tal recomendación es que se presente por lo menos algún dato donde se sustente cómo el precio del medicamento está afectando el bien común, pero en cambio uno se encuentra con fragmentos enteros que fueron copiados textualmente de Wikipedia, por supuesto, sin citar su fuente sino con el uso de eso que en la academia llaman ‘cabalgar las referencias’ que utiliza ese portal. Es difícil pensar que usted está de acuerdo con que dos décadas de ciencia pierdan su propiedad intelectual por un informe sacado de Wikipedia.
Arturo Argüello
arturo.arguello82@gmail.com
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