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La ruleta de la justicia

Mauricio Vargas
Pobre Bogotá. Después de que, hace más de una década, un círculo virtuoso de alcaldes ordenara las finanzas de la ciudad, despertara una nueva cultura ciudadana y multiplicara las obras físicas y sociales, lo que vino fue el conocido desastre. Pero como toda situación, por mala que sea, es susceptible de empeorar, al desastre le siguió el desgobierno. La capital del país está sin alcalde efectivo desde principios de diciembre.
Petro, que ya gobernaba poco, se dedicó a las manifestaciones en la plaza de Bolívar desde que la Procuraduría anunció su destitución y hasta que el Consejo de Estado la confirmó en marzo. Fue un trimestre entero sin decisiones, sin ejecuciones, copado de manera exclusiva por discursos de balcón y controversias mediáticas. Como alcalde encargado, Rafael Pardo hizo grandes esfuerzos por poner algo de orden, pero apenas estuvo unas pocas semanas. Lo sucedió una alcaldesa de 48 horas. Y ahora Petro ha vuelto, quién sabe por cuántas semanas. Hasta el próximo fallo...
Porque Bogotá es un enfermo, postrado, casi comatoso, cuyos médicos cambian de opinión como de calzoncillos. Me refiero a los magistrados, de tribunal local o de alta corte nacional, da lo mismo. La capital ha caído en la caprichosa y fatídica ruleta de la Justicia. Hoy, un fallo en este sentido, mañana uno en el inverso, pasado mañana, ni lo uno ni lo otro sino todo lo contrario. Y no solo en el caso Petro.
Lo hemos visto en licitaciones de obras públicas ya adjudicadas que de pronto quedan paralizadas meses por una tutela en la cual, más que un debate jurídico, hay un pulso entre mafias de abogados y magistrados. Un bando sirve a unos contratistas y otro, a otros. Los fallos los dicta la cantidad de ceros a la derecha de la cifra del cheque. O el cruce de favores entre amigos. O magistrados con la esposa o algún hijo en un puesto clave o en usufructo de un jugoso contrato.
La jurisprudencia en Colombia no existe. Lo que dicen las altas cortes, que debería convertirse en estricta guía para todos los jueces del país, es letra interpretable apenas publicada. Como lo es la Constitución, como lo son los códigos: cada juez, cada magistrado lee la una y los otros con sus sesgos ideológicos o, aún peor, con las gafas de sus oscuros intereses. Y a quien así actúa nada le pasa, porque en Colombia la jurisprudencia de las altas cortes no es de obligatorio cumplimiento.
En el caso Petro, quedaron en evidencia los nexos del magistrado que le salvó el pellejo en la primera instancia. En otros casos polémicos, ni nos enteramos, pero sospechamos. Y con razón: en Colombia, la Justicia perdió hace rato su más preciada virtud, la de ser creíble.
Pero ojo, lo peor aún está por venir. Si algún día en La Habana, Gobierno y Farc llegan a un acuerdo para el final del conflicto con esa agrupación terrorista, le corresponderá a la Justicia resolver no solo la validez de las leyes dictadas para desarrollar los acuerdos, sino decenas de miles de procesos que podrán o no culminar en amnistía, indulto o ejecución condicional de la pena, según lo que determine la justicia. Y si la trascendental tarea jurisdiccional del posconflicto la van a manejar los tribunales como han manejado el caso de Petro, aquí la paz seguirá siendo una quimera.
* * * *
Desvelo. Las encuestas reveladas este fin de semana no deben haber tranquilizado al presidente-candidato, Juan Manuel Santos. Estancado en cifras de entre 23 % y 28 % de intención de voto en primera vuelta, y con dos contendores en capacidad de darle pelea en la segunda vuelta, él y los directivos de su campaña –pobre y carente de imaginación– deben andar desvelados. Santos mantiene las mayores opciones, pero las tendencias no pintan bien para él. Su segundo mandato, que muchos daban por hecho en enero, no está asegurado.
Mauricio Vargas
mvargaslina@hotmail.com
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