Soy defensor de la tutela. Por esa vía, simple y expedita, cientos de miles de colombianos, desprotegidos frente al abuso de los poderosos, han encontrado amparo. El hecho de que cualquier ciudadano pueda presentar una, sin necesidad de papel sellado ni abogado, ha acercado a los desamparados a la Justicia. La filosofía de la tutela ha sido siempre esa: proteger al que no tiene cómo defenderse, cuando algún poderoso vulnera sus derechos. Pero siempre, desde que la tutela nació, ha habido jueces que la han entendido mal. Han olvidado su espíritu y la han convertido en un instrumento más de los poderosos para salirse con la suya. Por fortuna, en la mayoría de los casos, la Corte Constitucional ha revisado el asunto y ha puesto las cosas en orden.

Pero los jueces desenfocados siguen activos. El caso contra el director de Semana, Alejandro Santos, es aberrante. La revista se refirió a la estrecha relación del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura José Alfredo Escobar Araújo con el abogado Ascensio Reyes, complicado personaje. La revista narró los vínculos de Reyes con varios magistrados y, aunque pudo haber fallado en algún detalle, como que un determinado homenaje no fue en Santa Marta, sino en Bogotá, no se equivocó en lo esencial. La obligaron a rectificar, lo hizo, pero una confusión de los tribunales sobre la forma de la rectificación perjudicó a la revista y ahora tiene a su director al borde de la cárcel.

No hay que olvidar la relación de Escobar Araújo con el italiano Giorgio Sale, detenido en Italia por lavado y narcotráfico. Ni la grabación en la que la esposa del magistrado le agradece los zapatos "divinos" que Sale le regaló al alto dignatario de la Justicia. Todavía no entiendo cómo Escobar Araújo sigue en su puesto. Desde su cargo en la Judicatura, influye en el nombramiento de jueces y magistrados, y por eso jueces y magistrados corren a defenderlo cuando interpone tutelas y están listos a meter a la cárcel al director de Semana. Sería el colmo de los colmos: Alejandro Santos en la cárcel por denunciar al magistrado indigno, y el magistrado indigno firme en su puesto. Dan náuseas.

Algo similar sucedió con el cuestionadísimo ex gobernador de Cundinamarca Pablo Ardila y una tutela que interpuso contra la revista Cambio. Por cuenta de uno de esos jueces desenfocados, casi se va a la cárcel el entonces director de la publicación, Ricardo Ávila. Pero, al final, la Corte Constitucional intervino. Ardila acabó en la cárcel y Ávila, en libertad.

En otro campo de la lucha contra los corruptos, abogados de la Alcaldía de Barranquilla, con la ayuda de la Procuraduría, la oficina anticorrupción de la Presidencia y el Ministerio de Hacienda, dieron por terminado, tras un sesudo estudio jurídico, un contrato con una firma privada para el cobro de los impuestos de la ciudad. Es un contrato lleno de irregularidades en su origen -¡los paramilitares lo apadrinaban!- y en su aplicación: le iba a costar a la ciudad más de 500.000 millones de pesos en comisiones absurdas.

Pues un juez acaba de tutelar a la firma privada. Dice que le violaron el debido proceso y exige devolverle el contrato que desangra las arcas de una ciudad donde, por contratos como ese, el dinero público nunca les llega a los pobres. La sentencia del juez va en clara contravía de fallos de la Corte Constitucional, pero la influencia del poder politiquero tras el contrato se hizo sentir en un juez del que muchos en Barranquilla temían lo peor. Y lo peor ocurrió: puede que el Alcalde se vaya para la cárcel y la ciudad pierda esos enormes recursos. A menos que la Constitucional o el Tribunal Superior del Atlántico se muevan rápido. Pero, mientras tanto, ¿qué vamos a hacer con esos jueces que se la pasan siempre en el lugar equivocado?

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Mauricio Vargas