Matar la ‘mermelada’

Matar la ‘mermelada’

Ojalá gane Duque y ojalá cumpla su promesa de acabar con esta práctica mafiosa.

17 de junio 2018 , 12:31 a.m.

Muchos lectores se sorprendieron porque, en mi columna pasada, hablé de las posibilidades de Gustavo Petro para 2022. Quienes no quieren que el exalcalde de Bogotá gane hoy ni desean verlo en la baraja en cuatro años, lo primero que deben entender es que ni los insultos ni el facilismo de llamarlo castrochavista resuelven el asunto. Aun si pierde, Petro sacará una votación enorme, será senador por derecho propio y se convertirá en líder de la oposición.

Desde esa vitrina y con su verbo picante, Petro puede lucirse, como lo hizo en legislaturas pasadas, en debates anticorrupción. Sobre todo si el gobierno del muy probable ganador, el candidato Iván Duque –a quien vuelvo a respaldar para esta segunda vuelta como lo hice el 27 de mayo– no cumple su promesa de adoptar una durísima pero necesarísima decisión ética y política: matar la ‘mermelada’.

La ‘mermelada’ no es el mismo clientelismo de antes: es muchísimo más grave, es una operación mafiosa. No se trata ya de los congresistas que llevan a los ministerios y a la Casa de Nariño las hojas de vida de personas de su clientela, con la idea de que los nombren en algún cargo. En vez de hojas de vida, llevan contratos de $ 10 mil millones para arriba, de alguna obra que quedará a medias y costará muchísimo menos que la partida presupuestal asignada, y cuyo contratista está negociado de antemano entre el congresista y el alcalde o gobernador que adjudicará la obra.

Son los llamados cupos indicativos, una idea que nació cuando Juan Manuel Santos era ministro de Hacienda de Andrés Pastrana y necesitaba al Congreso para sacar adelante una reforma del situado fiscal sin la cual la nación iba camino de la quiebra. Esos cupos fueron el precio por pagar a los congresistas. Al principio sonaba bien: los parlamentarios podían indicar, a modo de sugerencia al Gobierno, proyectos para sus regiones.

Pero muy pronto el asunto se convirtió en el festival de corrupción que hoy conocemos y, desde inicios del siglo, ha enriquecido a muchos congresistas que, por cada cupo obtenido, reciben del contratista beneficiado una tajada de miles de millones. Por eso no es extraño que, en las revistas faranduleras, tal o cual senador nos muestre su lujoso apartamento en la zona más exclusiva de Bogotá, como prueba de su eficaz tarea de tramitador de contratos.

Acabar con eso no requiere reforma constitucional ni legal ni aumentar las penas de cárcel contra quienes así roben. Basta que el nuevo presidente de la República y su ministro de Hacienda –con quienes los parlamentarios negocian esos cupos al aprobar el presupuesto– se comprometan públicamente a no aceptar nunca más sugerencias de ese tipo de parte de los congresistas, a no negociar con ellos partidas como esas.

Dicho compromiso debería contar con el aval de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para acordar mecanismos de vigilancia y establecer un sistema de recepción e indagación eficaz de denuncias. Y ojalá se unieran los congresistas, que podrían adherir con su firma al compromiso, prometiendo no patinar proyectos con esos fines.

Que esas partidas del presupuesto las discuta el Gobierno con alcaldes y gobernadores, y con las comunidades, y que los congresistas opinen –sin apadrinar– para que, por medio de licitaciones abiertas y no de adjudicaciones amarradas, sea escogido el contratista. Esto no lo resuelve todo ni acaba con la corrupción, pero sí cierra el boquete más enorme por donde se desangra el presupuesto nacional en beneficio de algunos hampones con curul. Si gana hoy, Duque debe cumplir su promesa y llevar a cabo la tarea de matar la ‘mermelada’. O la democracia colombiana no sobrevivirá a semejante saqueo. Y Petro –o cualquier otro populista– tendrá servida en bandeja la victoria en 2022.

MAURICIO VARGAS
mvargaslina@hotmail.com

Columnistas

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