Lo que empieza mal…

Lo que empieza mal…

La JEP viola la Convención Americana de DDHH: así de ilegítima es, desde su nacimiento.

22 de octubre 2017 , 02:06 a.m.

Jorge Humberto Botero, uno de los mejores columnistas de la web de ‘Semana’, escribió hace pocos días un interesante artículo sobre la Jurisdicción Especial de Paz, más conocida con el alias de JEP. Curioso que los adalides del derecho internacional no hayan reparado hasta ahora en lo que él apunta: que la JEP viola la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica en 1969 por los países miembros de la OEA, entre ellos Colombia.

“Toda persona –dice ese pacto– tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad a la ley” (el subrayado es mío). Pues resulta que todos los crímenes que juzgará la JEP fueron cometidos antes de su creación. Me podrán decir que lo mismo ocurrió con el tribunal de Nuremberg que procesó a los criminales nazis. Pero hay una diferencia: como lo señala Botero, esa corte operó en un país invadido por potencias extranjeras, donde el Estado había dejado de existir y había que reinventarse la legitimidad.

O sea que, de entrada, la JEP es ilegítima. Pero no me quedo ahí. El sesgo que caracteriza a muchos de sus magistrados, expertos en procesar a agentes del Estado y no a guerrilleros, agrava su ilegitimidad y marca el rumbo de lo que pueden llegar a ser sus fallos. Como decía el viejo dicho sobre los malnacidos, hay unos que nacen y otros que se hacen. La JEP es ambas cosas. Y no es un insulto: es apenas una descripción de sus circunstancias.

Prueba de ese sesgo es que, aun antes de que la JEP comience a operar, los excomandantes de las Farc, culpables junto a los bárbaros paramilitares de algunos de los más atroces crímenes de la historia colombiana, ya obtuvieron un gigantesco privilegio: en contra de lo que el Gobierno y sus negociadores en La Habana habían predicado, ‘Timochenko’ y sus socios podrán ser elegidos al Congreso y hasta a la presidencia, sin haber siquiera rendido una declaración ante la JEP, como bien ha salido a reconocerlo –con algo de demora, es cierto– el exjefe negociador y hoy candidato presidencial liberal, Humberto de la Calle.

Está claro que esto empieza mal. Y empeorará. Resulta que, sin haber empezado a funcionar y sin que la ley que la rige haya sido aprobada por el Congreso, la JEP ya tiene una descomunal sobrecarga de trabajo. A sus 51 magistrados los esperan, de entrada, 50.000 causas –casi mil por cada juez–, solo en lo referente a las Farc. La cifra crecerá con otros implicados, incluidos los civiles, apenas la jurisdicción comience sus trabajos.

Se supone que la JEP deberá escoger los casos más “graves y representativos”, lo que abre las puertas a la arbitrariedad. ¿En una guerra donde pasó de todo, qué es grave y representativo? Ese debate ya empezó y, como si no fuera bastante, me cuenta una alta fuente que el exministro de Justicia Yesid Reyes, uno de los padres de la jurisdicción, sostiene que muchos de los casos de ‘falsos positivos’ no son de la JEP, sino de la justicia ordinaria. Y así, los militares culpables de ese espantoso delito no tendrán beneficios, mientras los guerrilleros culpables de Bojayá y El Nogal sí los tendrán. O todos en la cama...

Además, como no está claro cuál es la fecha límite para que un criminal pida ingresar a la JEP, los supuestos disidentes –que no lo son tanto, pues alias Romaña, famoso reclutador de niños en las Farc, decidió defenderlos en su nuevo papel de líder cocalero de Tumaco–, siempre podrán pedir su ingreso, una vez que hayan atiborrado sus arcas con las utilidades de la cocaína. Bonito así. La JEP empezó mal y terminará peor. Ojalá que cuando ello ocurra, sus creadores no se escondan y salgan a responder por los desastres que cause la criatura.

MAURICIO VARGAS
mvargaslina@hotmail.com

Columnistas

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