Causa y efecto

Causa y efecto

Mucha coca produce mucho dinero y armas, y con esas armas las mafias matan muchos líderes sociales.

07 de julio 2018 , 11:44 p.m.

Como “hechos totalmente inaceptables” calificó, el jueves, el presidente Juan Manuel Santos el asesinato de 33 líderes sociales este año, tres de ellos –Luis Barrios en Atlántico, Ana María Cortés en Antioquia y Margarita Estupiñán en Nariño– esta semana, en apenas 24 horas. Y tiene razón: una escalada de muerte de indefensos dirigentes de sus comunidades es intolerable. Pero, además de ello, exige una reflexión sobre las causas, que al Presidente le quedó faltando.

Revisé algunos de los casos y conversé con fuentes en la Fiscalía y la Policía. Si bien hay unos pocos cuyo origen puede atribuirse a un intento de robo o a asuntos personales, la inmensa mayoría está vinculada a la actividad pública de esos líderes y a la manera como ellos chocaban con el intento de grupos criminales de imponer su ley, a sangre y fuego, en las zonas donde las víctimas actuaban.

En la investigación de estos crímenes –y de otros 140, quizás más, desde 2016–, las autoridades han identificado tres grandes grupos de autores: las bandas criminales herederas del paramilitarismo, las disidencias de las Farc y el fortalecido Eln. Las tres causantes comparten un denominador común, el negocio de la cocaína, aunque a veces esas mafias también estén relacionadas con la minería ilegal, la extorsión y el saboteo contra la restitución de tierras, y eso explique algunos de los asesinatos.

Casi todos los líderes desarrollaban su actividad en zonas de cultivos ilícitos, de laboratorios de cocaína o de corredores de exportación de esa sustancia, aun si el móvil del crimen tiene que ver con minería criminal, extorsión o el tema de tierras. “En la gran mayoría de los casos, detrás del asesinato aparecen ‘bacrim’, disidentes de las Farc y el Eln, y el móvil es que esos grupos consideran que el líder al que matan les estorbaba”, me explicó una fuente oficial vinculada a las indagaciones.

Algunos de estos líderes denuncian la minería ilegal o el despojo de tierras, pero otros simplemente están dedicados a organizar a sus comunidades en torno a demandas sociales –la protección de un bosque o una cuenca, la construcción de una vía, el uso transparente de los fondos públicos–, y en ello chocan contra esas mafias que destruyen bosques y cuencas para sembrar coca o explotar minas ilegales, no quieren una vía porque eso facilita la entrada de la Policía y el Ejército, y no quieren vigilancia de la contratación pública porque son beneficiarios de la corrupción.

El fenómeno ocurre desde hace décadas. Pero se ha agravado. Primero, porque el Estado y, en especial, la Fuerza Pública descuidaron, durante las negociaciones de La Habana, las zonas de influencia de las Farc y cuando el grueso de esa guerrilla se desmovilizó, las autoridades no entraron a ejercer el debido control. Segundo, porque tras los procesos de desmonte de los grupos paramilitares y de las Farc, mucho mando medio quedó suelto, no se acogió a la desmovilización y prefirió asumir el mando de un grupo criminal en la región en la que llevaba años delinquiendo.

Y tercero, que es fundamental, porque al haber permitido el Gobierno que el área sembrada de coca pasara de menos de 50.000 hectáreas a más de 200.000, el negocio de la cocaína se disparó, y las ‘bacrim’, el Eln y las disidencias de las Farc están popochas. Mucha coca produce mucho dinero, mucho dinero compra muchas armas, y muchas armas producen muchos muertos, para imponer la ley del más fuerte en esas regiones. Esos asesinatos son intolerables, como dice el Presidente, pero también lo son las omisiones del Gobierno en el control de las áreas dejadas por las Farc, que le haya dado alas a un fortalecido Eln y, lo más grave, que haya permitido que los cultivos de coca se multiplicaran por cuatro.

MAURICIO VARGAS
mvargaslina@hotmail.com

Columnistas

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