Impuestos y corrupción

Impuestos y corrupción

Eliminar la corrupción y poner a tributar a las iglesias (todas) generarían lo suficiente para salir del hueco fiscal. Difícil, sí, pero necesario.

24 de octubre 2016 , 07:43 p.m.

Ya lo he dicho y no me canso de repetirlo: los economistas, los vulcanólogos y los sismólogos solo pueden explicar a posteriori las causas de los fenómenos a los que se dedican. Son ‘ciencias’ que aclaran por qué ocurrió lo ocurrido; bien sea un temblor, una erupción o una caída del precio del dólar. Prevenir es casi un imposible, y no tiene por qué ser de otra manera. Eso pasó en el caso de la caída abrupta de los precios del petróleo y de otros llamados commodities.

Se viene la reforma tributaria estructural, necesaria hace tiempo y urgente por lo ya dicho, y no me cabe la menor duda de que es así. Sin embargo, hay razones –y muchas– para que los peatones de la vida económica nos indignemos.

Eliminar la corrupción –o reducirla a sus justas proporciones, como proponía nuestro Maturana de la política, Turbay Ayala– y poner a tributar a las iglesias (todas) generarían lo suficiente para salir del hueco fiscal. Difícil, sí, pero necesario.

Pagar impuestos, vaya y venga, es duro pero urge que se vean en infraestructura, calidad de vida, cuidado del medio ambiente, salud, etc. Pero si lo que vemos es chanchullos por todos lados en departamentos como La Guajira, Chocó, Meta y otros muchos más, alcaldes corruptos regalándoles plata a sus amigos, gobernadores ídem, venta de bosques a multinacionales que no tributan y carboneras que cambian el curso de los ríos, se entiende el desgano con que se pagan los impuestos.

¿Qué tal, en serio, acabar con la vagabundería del Congreso? Menos de la mitad de los parlamentarios significarían un gran ahorro en moneda, en política y en corrupción. No obstante, el narcotráfico seguirá siendo el más grande problema del país, además de ser el gran socio que alimenta la corrupción mencionada.

Debido a los reiterados casos de corrupción que sacuden a la administración pública en Perú, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski aprobó la ley de ‘muerte civil’ para los funcionarios públicos que incurran en ilícitos.

Probablemente un ejemplo a seguir: “Muerte civil (pérdida de derechos civiles) lo hemos aprobado hoy en Consejo de Ministros y se va a publicar en las próximas 24 horas”, anunció el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, durante una rueda de prensa en Lima.


Mauricio Pombo

Columnistas

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