Caótica política criminal

Caótica política criminal

El Gobierno Santos ha entrado en una especie de paroxismo reformador 'fast track'.

28 de octubre 2017 , 11:04 p.m.

Colombia se quedó sin política criminal. Lo que hay son retazos, conforme a los cambios que a los ministros se les vayan ocurriendo. Se trata de funcionarios del Gobierno con unas propuestas normativas “personales”, deshilvanadas, que no comparten con nadie antes de radicar prácticamente en secreto en el Congreso. Y cuando los demás actores que deberían estar discutiendo coherentemente la política criminal del país terminan tropezándose con hechos cumplidos, no les queda sino expresar desconcierto profundo frente a lo que están descubriendo.

Así pasó con el proceso de paz. Cuando el Fiscal descubrió que la tal JEP dejaba abierta la puerta para las reincidencias, las disidencias y que extendía indefinidamente la comisión del narcotráfico bajo la disculpa de que era un delito de ejecución continuada y conexo al de rebelión, puso el grito en el cielo. Se fue al Congreso a convencerlos, y los convenció. El costo es que lo acusaron de estar queriéndose tirar la JEP.

Ahora sucede lo mismo. El gobierno Santos ha entrado en un estado de paroxismo en ‘fast track’, que lo tiene corriendo para presentar casi en secreto delicadas modificaciones normativas de la justicia penal que nos tiene convertidos en un país criminalmente deshilvanado.

¿Qué tal la propuesta a las bandas criminales, compuestas, entre otros, por delincuentes que nacieron con el Epl, donde fueron amnistiados; se pasaron luego para las autodefensas, donde obtuvieron tratamientos benignos, y desde donde salieron para unirse a las ‘bacrim’, donde encontrarán abierta nuevamente la puerta del Estado para negociar su “acogimiento” a la ley? (Ojo, que no es sometimiento, porque esta palabra no les gusta). ¿A cambio de qué? De que el Estado les rebaje las penas hasta en un 50 % y les deje quedarse con el 5 % de sus utilidades delictivas.

Como si nada de eso fuera poco, ahora nos anuncian un nuevo proyecto que reduce las penas a los pequeños cultivadores de drogas, y el Fiscal ha dicho expresamente que lo que ha leído ahí lo tiene “aterrado”.

Como los ministros del Posconflicto y de Justicia más o menos han dicho que el Fiscal miente en la explicación de sus alarmas, estudiémoslas a ver:

1) Ministros Pardo y Gil Botero: ¿es cierto que este proyecto reduce las penas hasta en un 80 % a quienes siembren cultivos ilícitos y hasta los financiadores de los narcocultivos gozarían de libertad y de beneficios penales, ya que al artículo 375 del Código Penal lo reforman sin distingos para todos los delincuentes?

2) ¿Que quienes no acepten suscribir los acuerdos de sustitución de cultivos van a gozar de las mismas rebajas y beneficios que los que sí, por la rebaja indiscriminada del artículo 375?

3) ¿Que el proyecto contiene un diabólico incentivo potencial para que los cultivos industriales se organicen asociados ahora entre parcelas pequeñas de no más de 3,8 hectáreas, como hicieron los beneficiarios de Agro Ingreso Seguro, que dividieron sus fincas para ganarse los beneficios del Estado?

4) ¿Que, como parte del incentivo, todo campesino colombiano que lo desee podrá sembrar por lo menos una vez un cultivo de coca de 18 metros cuadrados sin que le pase absolutamente nada? ¿Qué sucedería si millones de campesinos colombianos deciden ejercer ese derecho el año entrante? ¿Será esta ley una provocación al ensayo nacional?

5) ¿Como el artículo 6 del proyecto modifica con carácter definitivo el artículo 375 del Código Penal, esta rebaja para narcocultivadores conservará indefinidamente el beneficio punitivo?

La pregunta más grave es si estas políticas de ablandamiento frente al pequeño cultivador, de la que por lo visto también pueden raspar olla los grandes, es más que un potencial incentivo a las narcosiembras, que en los promedios del país tienen menos de una hectárea por familia cocalera.

Si el narcotráfico es para los guerrilleros un delito conexo al político; si a las bandas criminales les vamos a rebajar hasta el 81 % de su pena. Y si el pequeño cultivador, firmando o no el acuerdo de sustitución, va a recibir sensibles rebajas de penas y si siembra su parcela hasta por 3,8 hectáreas por una vez lo perdonan, nos van a considerar unos locos a quienes sigamos insistiendo en que mejor regresen a la legalidad, porque en la ilegalidad se les concede todo. Recursos, perdón y libertad. Ah, y hasta se pueden quedar con la cosecha.

Entre tanto... Curiosa fórmula: el Partido Liberal negoció la rebaja del costo de su consulta interna a 40.000 millones, al precio de que voten aun menos liberales.

MARÍA ISABEL RUEDA

Columnistas

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