¡Ahora, a lavar!

¡Ahora, a lavar!

No puede ser legítimo perdonar el delito a alguien y permitirle conservar el fruto de sus fechorías.

11 de junio 2017 , 04:22 a.m.

El fiscal Martínez, haciendo una exhibición de valor, independencia y apego al sentido del deber, salió a denunciar públicamente ante el país que si el decreto presidencial 903 se va como salió redactado, se convertirá en el lavadero más grande de plata proveniente del narcotráfico, del secuestro y de la extorsión. Increíble que haya quienes le estén pidiendo a Martínez a estas alturas que se calle.

No creo, como dijo el alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, que el Decreto Ley 903 sea “una chambonada”. Chambón es cuando algo no se hace bien. Y el decreto ley en cuestión se redactó impecablemente de acuerdo con sus fines. Sus responsables sabían perfectamente qué estaban buscando. Lo venían planeando desde el proceso mismo, cuando en la primera versión del acuerdo de La Habana omitieron ladinamente referencia alguna a las fortunas de las Farc; estos billones solo aparecieron mencionados en la segunda versión del teatro Colón, por insistencia del fiscal Martínez y del grupo del No, que trabajó bajo la batuta del expresidente Pastrana.

Normalmente, porque así lo exige la Constitución, este patrimonio ilegal debería ingresar a las arcas del Estado a través de la vía jurídica de una extinción de dominio.

Pero lo que tenían en la cabeza quienes redactaron este Decreto Ley 903, que firmó el Presidente, ningunos chambones, era mucho más audaz: esquivar la etapa de la extinción, para que las Farc se sacaran su fortuna de un bolsillo y la volvieran a recibir por el otro. La fórmula se la dio a las Farc, en un concepto, un reconocido economista peruano: crear un patrimonio autónomo para aparentar que los dineros de las Farc saldrán de su dominio. Ese patrimonio pasará a ser manejado por una fiducia, pero ella será gobernada por el CSIVI (Comité de seguimiento, implementación, verificación e impulso de los acuerdos), compuesto por tres miembros del Gobierno y tres de las Farc. ¿En ese escenario, será imaginable que el exministro Juan Fernando Cristo le diga que no a Jesús Santrich? Bastante improbable.

Y por eso, este decreto ley será una trampa para las víctimas, destinatarias fundamentales de las utilidades de los delitos de las Farc. Porque finalmente la CSIVI, compuesta en partes iguales por las Farc y el Gobierno, será la que determine cómo se invertirán esas fortunas. Cuánto para las víctimas y cuánto para sus victimarios, y sus proyectos de reincorporación económica y social y sus centros de pensamiento y formación política; es decir, cuánto para el partido de las Farc.

A partir de ese lavado se crea la Ecomún, empresa de economía solidaria de las Farc. La orden para la Cámara de Comercio de Bogotá es la de no negar el registro por motivos formales o de contenido, aunque esté financiada por un botín de guerra.

Esto es a lo que el alto comisionado para el Posconflicto, Rafael Pardo, le da un parte de normalidad. Y para el Ministro de Justicia, un problema de interpretación. Y para Humberto de la Calle, un problema de redacción. ¡No puede ser legítimo perdonarle el delito a alguien y permitirle conservar el fruto de sus fechorías!

Pero el Fiscal no fue el único sorprendido esta semana. También lo fue el embajador de EE. UU., quien, en una durísima carta a la Corte Suprema, le reclama que haya dejado en libertad a alias Náder, un delincuente “pedido en extradición por un secuestro despiadado e inhumano de un ciudadano norteamericano”. Embajador Whitaker: con todo respeto, esto es lo que en las últimas semanas ha venido sucediendo con todo tipo de delincuentes liberados que han dado el mismo tratamiento “despiadado e inhumano”, ya no a gringos, sino a ciudadanos colombianos. Ni siquiera está la tal JEP esperándolos afuera para judicializarlos. Según cálculos del asesor del presidente Santos para el conflicto, Kai Ambos, la JEP solo estará lista, si acaso, no antes del 2018, y en cualquier caso, después de las elecciones presidenciales de junio.

Embajador Whitaker: hablamos de que durante un año en Colombia se suspenderán todas las investigaciones penales contra tipos como alias Náder, que podrán seguir dándose autopermisos para salir de sus zonas de restricción para ir a la dentistería.

Eso fue lo que el mundo celebró con tanta alegría cuando este gobierno les juró que aquí habría verdad, justicia y reparación.

Entre tanto... Si las Farc entregan sus armas, pero se quedan con su plata, será como devolver el revólver del delito, pero exigir quedarse con el botín.

MARÍA ISABEL RUEDA

Columnistas

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