Injustificable reforma tributaria

Injustificable reforma tributaria

La solución a la encrucijada fiscal y económica pública es acabar con la corrupción, no más impuestos.

02 de noviembre 2016 , 05:11 p.m.

Las causas del déficit fiscal, del déficit de balanza de pagos, del aberrante endeudamiento externo e interno, del precario desarrollo agropecuario, industrial y tecnológico, entre otros, son imputables exclusivamente a la incoherencia e irresponsabilidad político-administrativa del Estado y de quienes lo ejercen.

El déficit fiscal obedece al desordenado y anárquico manejo de los recursos públicos, a la sumisión a las recetas económico-financieras ordenadas por los organismos financieros internacionales y nacionales, y a la negativa sistemática de someter a los corruptos y estructurar un sistema judicial ética y moralmente capaz de ejercer pronta y cumplida justicia.

Diversas y repetidas investigaciones dan cuenta de que, por corrupción, el erario pierde anualmente mínimo $ 30 billones, festinados en coimas; equivalente a dos reformas tributarias como la que radicaron. La corrupción crece en forma exponencial y la justicia no da resultados aceptables. Hay derroche de recursos públicos, contratos incumplidos, contrataciones leoninas a lo largo y ancho de la Nación, inversiones injustificables, sin soporte técnico, sin supervisión ni control, etc. La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría hasta inician investigaciones que por lo general se diluyen en el tiempo, hasta la preclusión.

Se puede calcular y demostrar que por deducciones, exenciones, evasión de impuestos, contrabando y seguridad inversionista, el fisco deja de recaudar, mínimo, $ 65 billones anuales, equivalente a más de cuatro reformas tributarias como la del 2016. El Gobierno lo sabe; por eso debe reconocerlo y cerrar esa vena rota del fisco. Es la solución a la encrucijada fiscal y económica pública.

Se requiere responsabilidad política y social del poder. No se requieren más cargas tributarias, fundamentadas en IVA y castigo a los asalariados de bajos ingresos; son impuestos regresivos. Se requiere racionalizar impuestos progresivos, equidad tributaria y autoridad para acabar con la evasión, el contrabando y la impunidad.

Constantemente, el Congreso aprueba presupuestos desfinanciados, con lo que atiza el endeudamiento externo e interno. El 50 % de los ingresos directos (impuestos nacionales) se los traga el servicio de la deuda: $ 54,3 billones apropiados para el 2017.

En el 2002, la deuda externa colombiana era de 36.000 millones de dólares. Hoy supera los 120.000 millones; crecimiento del 5 % anual. La deuda interna, en pesos, y la contingente, ya supera con creces la externa. El mayor producto de exportación son los TES: más de $ 200 billones.

El déficit de la balanza de pagos se lo imputan a la caída de los precios del petróleo. La verdadera causa es la apertura hacia adentro, impuesta desde los años 90; los tratados comerciales y de libre comercio, concertados y aprobados por los dueños del poder, y contra los altos intereses de la Nación.

Las llamadas exportaciones no tradicionales, las del sector industrial, caen mes a mes desde hace más de tres años (no competitivas) y el poder político carece de respuestas y medidas de corrección. El desarrollo industrial y tecnológico nacional es precario, no competitivo, similar al del sector agropecuario, donde el costo de los insumos, amarrados en los TLC, le niegan la posibilidad de competir. Ese sector quedó sometido al aniquilamiento progresivo por la competencia externa, desde la gran apertura de los años 90. El responsable es el poder. No analizan responsablemente, aprueban.

¿Qué se puede hacer? Llevar a cabo análisis minuciosos de la encrucijada fiscal y económica, racionalizar el gasto y acabar la corrupción, la politiquería, el clientelismo y el populismo, y diseñar y poner en práctica políticas de Estado que garanticen la equidad socioeconómica, la introducción de ciencia y tecnología en los procesos productivos y la diversificación de los mismos.

Se dice que si el potro huele la sal ofrecida en la mano, se deja enjaquimar, se deja ensillar y se deja montar. En el Congreso, la operación se hace con ‘mermelada’. Y por eso, las leyes que atentan contra los intereses de las mayorías son irracionalmente aprobadas. Leyes del sistema de salud, de contratación pública, de participación o de exclusión ciudadana, de pensiones, de educación, de régimen tributario, de acceso y tenencia de la tierra, etc.

El país está quebrado, requiere decisiones y acciones fiscales contundentes, pero la perspectiva es sombría.

Poner orden en la encrucijada fiscal y económica nacional, es parte integral de la solución del conflicto socio-económico-político que se pretende resolver. El desafío es cósmico.

Marcos Silva

Columnistas

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