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Al oído de candidatos y electores

Se debe usar el referendo para viabilizar el desarrollo nacional equitativo e integral del país.

Marcos Silva
Los niveles de desarrollo socioeconómico, industrial, tecnológico y cultural de Colombia son precarios. Deberían y deben ser superiores.
Persisten o se agudizan índices de precariedad socioeconómica, tipificados con subempleo, informalidad, pobreza, miseria y exclusión del proceso económico nacional. Y las perspectivas de solución no son esperanzadoras bajo la estructura actual del modelo de desarrollo económico-político nacional.
Las decisiones para corregir y superar deficiencias, incoherencias e irregularidades en el ejercicio del poder resultan casi siempre decepcionantes y frustrantes. La politiquería, el clientelismo y su hija natural: la corrupción se enquistaron en los órganos de poder del Estado, organizaciones políticas y sociales, con las consecuencias terribles que se padecen.
Bajo esas condiciones es difícil, si no imposible, depurar instituciones y restituir en ellas el imperio de la rectitud, la honestidad y la responsabilidad político-administrativa necesarias.
Iniciativas de reformas recientes (reforma de la Rama Judicial, reforma política, electoral, reformas tributarias, proceso de paz con las Farc, etc.) encontraron resistencia general para su aprobación e implementación.
El actual Congreso, en materia de reformas, no respondió positivamente a las obligaciones con sus electores, y el entrante se prevé peor.
Los partidos políticos, inspirados y guiados por principios y objetivos socioeconómicos de equidad y de derechos y bienestar social, desaparecieron y fueron sustituidos por organizaciones que buscan el poder por el poder. Ante esas circunstancias, pretender convocar una constituyente para aprobar reformas institucionales urgentes y de fondo puede resultar frustrante, si no salto al vacío.
Ante semejante realidad, el constituyente primario debe recurrir al referendo para introducir decisiones urgentes, para viabilizar el desarrollo nacional equitativo e integral.
Por ejemplo: En materia de seguridad, por referendo es posible ordenar que los miembros de las instituciones creadas para garantizar la seguridad ciudadana sean los únicos autorizados para portar armas y que el porte ilegal de armas, blancas y de fuego, se castigue con prisión intramuros inconmutable, entre tres y diez años, de acuerdo con antecedentes del sancionado y ordenar que policías y militares practiquen requisas las 24 horas de los 365 días del año.
Ordenar que todo ataque o asalto a persona o a autoridad se castigue con prisión intramuros inconmutable, entre tres y doce años, de acuerdo con antecedentes y agravantes de los hechos; que los actos de corrupción contra la administración y el patrimonio público se castiguen con prisión intramuros inconmutable entre diez y treinta años, según la gravedad y antecedentes y en todos los casos incluya investigación por enriquecimiento ilícito y que hay expropiación de todos sus bienes y exclusión indefinida de la contratación y el servicio público.
Ordenar que el acceso al servicio público en todos los niveles de las instituciones sea por concurso de méritos académicos y experiencia, demostrados en pruebas de conocimiento y selección en orden de elegibilidad por puntaje obtenido.
Ordenar que en el sector público nadie puede devengar más de 20 salarios mínimos legales mensuales y que nadie puede recibir por concepto de pensión y complementarios más de 10 salarios mínimos con 13 mesadas anuales, ni menos de 1,5 salarios mínimos mensuales. Sería la solución real a la reforma pensional.
Ordenar la creación de un alto tribunal judicial para investigar y juzgar a aforados, integrado por máximo 13 miembros, con edad no inferior a 55 años.
Ordenar que para ser magistrado de las altas cortes, del alto tribunal judicial de aforados, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Fiscal General y Auditor General de la República, el aspirante debe demostrar que tienen 55 años o más, con edad de retiro forzoso de 80 años o por incapacidad física o mental, y que la selección se haga por concurso de méritos, demostrados con mínimo un posgrado de duración mínima de dos años presenciales, cursado en institución académica nacional con certificación de alta calidad, o en universidad extranjera ubicada en el último ‘ranking’ internacional, entre las primeras quinientas universidades.
La designación o elección de magistrados, en todos los casos, debe realizarla el máximo tribunal de justicia para aforados, y los exámenes académicos para la integración de listas de elegibles los deben realizar las tres universidades públicas mejor ubicadas en el último ‘ranking’ internacional de universidades del mundo.
Si el nuevo Congreso, como es habitual, se muestra renuente a aprobar reformas de fondo presentadas por el Gobierno, el nuevo presidente debe comprometerse a someter a referendo las reformas que se requieran para garantizar y viabilizar el desarrollo socioeconómico, técnico y político equitativos e integrales.
Todo ciudadano debe ejercer el derecho al voto y debe asegurarse de que su voto sea útil para los intereses de la nación. La abstención potencia la permanencia del modelo institucional presente y desvirtúa el sentido democrático del poder.
En las próximas elecciones se debe votar por el candidato que se comprometa a hacer las reformas institucionales y legales imprescindibles y a convocar e impulsar todos los referendos necesarios.
MARCOS SILVA MARTÍNEZ
Marcos Silva
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