No sé por qué la ley así intitulada se interpreta por muchos como vía hacia la impunidad y algo así como apertura de un nuevo proceso de paz, repetición de los que en el pasado demostraron engaño por las Farc y frustración desalentadora para quienes los sufrieron. El presidente Santos ha sido categórico al afirmar que esta ley tan solo se aplicará bajo condiciones impuestas por el Gobierno: liberación total de secuestrados, entrega de las armas, desmovilización de los combatientes y reinserción en la vida normal.

Un conflicto interno de la magnitud y persistencia del que por más de medio siglo ha flagelado a Colombia solamente puede hallar solución destruyendo la voluntad de lucha de los alzados en armas y ofreciendo una salida digna a los combatientes. La victoria militar sobre un enemigo disperso en un territorio tan extenso e intrincado como el de Colombia, en una lucha que fue sociopolítica y se degradó al extremo de involucrar bandas criminales, grupos terroristas, asesinos sin Dios ni ley y sicarios a sueldo, no admite una victoria militar en el sentido tradicional del término, sino un tratamiento integral, que empiece por la separación del sector que aún invoca nombres legendarios como Farc y Eln. Frente a estos, es preciso trazar un marco jurídico diseñado de antemano, para evitar lo acaecido con los 'paramilitares', cuando su desmovilización masiva tomó al Gobierno impreparado para la resocialización de quienes, habituados al uso de las armas, retornaron a la lucha cuando no se les pudo brindar nada halagüeño como forma de vida.

Normalizar una sociedad desquiciada en sus valores tradicionales, en la que el crimen se engendra desde la infancia, anida en colegios y pandillas juveniles y se perfecciona con el ejercicio consuetudinario del crimen, requiere un serio compromiso de la nación entera: educadores, maestros, líderes en todos los campos, sacerdocio, Fuerza Pública, políticos decentes, organizaciones humanitarias, en fin, lo que conocemos como fuerzas vivas, comenzando por el periodismo.

Es una tarea gigantesca, que no se puede realizar de la noche a la mañana. De seguro consumirá más de una generación. Si se emplearon tres para destruir un tejido social, borrar de la conducta ciudadana la fuerza de la tradición y resquebrajar los cimientos mismos sobre los cuales se construyó la nación inspirada en una ética sentida y practicada, ¿cuántas se requerirán para reconstruirla?

Reforma de la justicia. Alocución presidencial. Avanzaba por el tema del marco jurídico para la paz cuando escuché que el presidente Juan Manuel Santos se dirigía al país. Tuve, al escucharlo, la sensación de que, en medio de la tormenta, el capitán de la nave que se hundía la salvaba del naufragio. Sus palabras, firmes, categóricas, inspiradas en lo mejor de nuestra historia republicana, comenzaron por asumir valerosamente la responsabilidad íntegra por el llamamiento a sesiones extraordinarias por dos días al Congreso, para revisar la colcha de retazos en que se había convertido el proyecto sobre reforma de la justicia, y terminaron pidiendo la anulación de lo que había dejado de serlo para convertirlo en un juego de conveniencias entre congresistas y magistrados, que conduciría a la impunidad con la parálisis de investigaciones en curso y la protección futura de nuevos delincuentes políticos.

El presidente Santos ha hecho honor a su estirpe. Prefiere renunciar a su gran proyecto de reforma antes que permitir que sirva de amparo al envilecimiento de la democracia colombiana. A la mayoría del Congreso corresponde escuchar su llamado, luego de reforzar la erguida renuncia del ministro Esguerra, al impedirle el acceso al conciliábulo donde le introducirían al desflecado proyecto los orangutanes que necesitaban privacidad y ocultamiento.

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