El decreto bomba que puede crear una crisis institucional

El decreto bomba que puede crear una crisis institucional

Debemos proteger la tutela de aquellos que buscan acabarla o desnaturalizarla.

21 de diciembre 2017 , 12:00 a.m.

La decisión de la juez 16 administrativa del Circuito de Bogotá de ordenar al presidente del Congreso enviar a la Corte Constitucional el texto del proyecto de acto legislativo que crea las circunscripciones especiales transitorias de paz no solo es insólita, sino que revela una situación muy grave que generará un caos institucional sin precedentes.

Desde el punto de vista jurídico, la decisión de la juez tiene múltiples problemas. Para comenzar, el decreto que regula la tutela en Colombia prohíbe textualmente que a través de esta acción se cuestionen actuaciones de carácter general como los actos legislativos. Por otro lado, el accionante no ha sufrido un perjuicio cierto y actual, sino que tenía simplemente la ‘expectativa’ de presentarse en el futuro a una elección, por lo cual es absurdo que se ordene una medida tan relevante como darle una orden al presidente del Congreso sin una prueba mínima de la afectación de un derecho fundamental. Sin embargo, más allá de debates legales, esta decisión reveló una situación hasta entonces desconocida que generará un caos jurídico en todo el país.

Con esta nueva norma, la ‘tutelatón’ y otros abusos del derecho se verán fortalecidos, pues ahora los reyes del litigio estratégico podrán desarrollar sus maniobras ante casi cualquier juez del país.

Hasta hace solo 15 días, el decreto que regulaba el reparto de las acciones de tutela exigía que si esta era interpuesta contra una entidad del orden nacional (como el Congreso), debería ser presentada ante un tribunal, es decir, ante la máxima autoridad judicial de cada departamento. Este mecanismo buscaba evitar que cualquier juez terminara tomando decisiones que afectaran a todos los ciudadanos y permitía que la acción fuera adoptada por 3 magistrados luego de una amplia discusión sobre el tema. Sin embargo, curiosamente, el mismo día que se cayeron en el Congreso las circunscripciones especiales de paz (el 30 de noviembre de 2017), el Ministerio de Justicia expidió el decreto 1983 de 2017, en el cual cambió las reglas del reparto de la acción de tutela, pasando a los juzgados del circuito la competencia para conocer las tutelas presentadas contra el Congreso y contra otras entidades del sector nacional como las Fuerzas Armadas, el ICBF, el Sena, el Banco de la República, el Icetex, el Dane, la ANH y la ANI, entre muchas otras. Esto generará que ahora casi todos los jueces de la República puedan modificar las políticas públicas nacionales desde sus despachos.

En adelante, las actuaciones que realice el Congreso podrán ser tumbadas por casi cualquier juez, afectándose la seguridad jurídica y la propia democracia, pues una sola persona podrá cambiar lo decidido por los representantes de todos los colombianos. El mayor riesgo de todos es que esta situación sea utilizada para el litigio estratégico político que podrá emplear esta nueva norma para fortalecer maniobras como la ‘tutelatón’ para generar caos y anarquía institucional.

Con esta nueva norma, la ‘tutelatón’ y otros abusos del derecho se verán fortalecidos, pues ahora los reyes del litigio estratégico podrán desarrollar sus maniobras ante casi cualquier juez del país, buscando, por supuesto, a aquellos que sean afines a sus tendencias políticas para sembrar el caos. Podrán, por ejemplo, interponer tutelas para suspender obras, limitar operaciones de la Fuerza Pública, cambiar políticas públicas, solicitar la inscripción de candidaturas o, incluso, suspender el trámite de leyes. Lo más grave es que en muchos lugares de Colombia solo existen uno o dos jueces del circuito, y si alguno de ellos tiene una tendencia marcada, tutelas de todo el país se radicarán en esos sitios, desde donde se dictarán las nuevas pautas en la política pública nacional.

La tutela es el principal mecanismo para la defensa de los derechos fundamentales. Por eso debemos protegerla no solo de quienes quieren acabarla, sino también de aquellos que buscan desnaturalizarla utilizándola para fines totalmente distintos de aquello para los que fue creada. Estamos ad portas de una crisis institucional sin precedentes en Colombia.

LUIS FELIPE HENAO

Columnistas

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