Ahorrémonos esa platica

Ahorrémonos esa platica

La corrupción en Colombia antes reinaba bajo las sombras y ahora hay más mecanismos para revelarla.

30 de julio 2017 , 02:18 a.m.

La corrupción en Colombia no ha aumentado recientemente, la diferencia está en que antes reinaba bajo las sombras y ahora hay más mecanismos para revelarla; antes, los corruptos preferían esperar a que se tramitaran procesos en su contra que se enredaban por alguna leguleyada o finalmente prescribían. Ahora la mayoría de los escándalos de corrupción se han descubierto por la delación de sus protagonistas.

La corrupción ha estado enquistada en el Estado durante casi toda nuestra historia, y por ello los remedios no pueden consistir en paños de agua tibia o en la reiteración que nos condene a repetir los mismos errores.

Debe reconocerse el esfuerzo de recoger firmas para luchar contra la corrupción, pero este es loable e impráctico –como lo han hecho ver muchos expertos–, puesto que casi todas las propuestas reiteran normas ya existentes.

La obligación de hacer pública la declaración de bienes, rentas, patrimonios, pago de impuestos y conflicto de intereses ya existe desde la Ley 190 de 1995, que exige que a la entrada y salida del cargo todos los servidores públicos hagan una declaración que deberá contener todo lo que la consulta está “proponiendo”.

Frente a la propuesta de terminar los contratos de las personas que hayan incurrido en actos de corrupción, adivinen qué: ya existe. Y no menos ‘novedosa’ y ‘descrestante’ es la propuesta de la inhabilidad para personas jurídicas. A alguien se le ocurrió hace más de 20 años y, en todo caso, como somos ingeniosos, la volvimos a repetir y reforzar en la reciente Ley 1778 del 2016.

Pero, como estamos tan mal y queremos que las penas sean cada vez más duras, aplaudí que los promotores de la consulta pensaran en cómo no dejar salir de la cárcel a los corruptos. Entonces, de ñoño –no imaginen mal–, me fui a estudiar por qué teníamos penas irrisorias, y esto encontré: ya tenemos las penas más altas de la región, y además el artículo 13 de la Ley 1474 del 2011 señala textualmente que no se concederá a los condenados por corrupción ningún subrogado o mecanismo sustitutivo de la pena, salvo que exista colaboración efectiva y, reitero, ello es precisamente lo que ha permitido revelar los principales escándalos de corrupción en Colombia.

Otras propuestas como reducir el salario de los congresistas son importantes, pero no tienen relación directa con la corrupción, sino con la equidad y el gasto público, tal como reconoció la propia senadora Claudia López en el programa ‘Semana en vivo’. Ahora, si el tema es ahorrar recursos públicos, gastarse 50.000 millones en una consulta popular preelectoral no parece muy austero... ¡Ahorrémonos esa platica!

Mucho más relevantes son las propuestas del Fiscal General. Estas sí buscan atacar una de las raíces del problema, como es la financiación ilícita de campañas políticas, aplicando los mecanismos que ya han sido efectivos contra la criminalidad organizada: la sanción del testaferrato, el enriquecimiento ilícito y la omisión de control de los abogados y contadores en relación con delitos contra la administración pública.

Por ello hay que ser más ambiciosos, realmente novedosos y apuntarle a gestionar las modificaciones estructurales frente a las causas que realmente impiden eliminar la corrupción.

Lo primero es una reforma estructural de la justicia. Si los jueces son los encargados de luchar contra la corrupción y ellos se corrompen, ¿cómo esperamos eliminar este fenómeno? Por ello hay que modificar la esencia del sistema de nombramiento de todos los funcionarios de la Rama Judicial y acabar con las facultades electorales de los magistrados. Lo segundo es una reforma de la manera como se hace política en Colombia. En nuestro país existe un lamentable matrimonio entre los políticos y los contratistas fundado en la financiación de las campañas, y si ello no se modifica podrán hacerse mil reformas de la ley de contratación, y la situación no cambiará.

Colombia no necesita gastar miles de millones de pesos en hacer una consulta preelectoral para decir que el agua moja.

LUIS FELIPE HENAO

Columnistas

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