Reparación

Reparación

La paz territorial exige una política de reparación colectiva que no se quede en palabras.

07 de junio 2017 , 12:00 a.m.

Ni siquiera el conjunto de los bienes de las Farc que el Fiscal dice haber identificado bastaría para financiar los planes integrales de reparación colectiva (Pirc) que encontró formulados la actual administración de la Unidad de Víctimas. La mayoría de los Pirc no son más que listas de deseos imposibles de cumplir.

A la llegada de Alan Jara, la Unidad de Víctimas había comprometido al Estado en la ejecución de más de 500 planes de reparación colectiva negociados de manera directa con las comunidades, de espaldas al resto de las entidades gubernamentales y sin respaldo presupuestal.

En 2012, la Unidad de Víctimas diseñó una ruta de reparación colectiva que incluyó la identificación del sujeto, el diagnóstico participativo del daño, la formulación concertada del Pirc y su implementación y seguimiento. La participación activa de las víctimas en cada una de las fases acercó al Estado a los territorios y resultó en la construcción de confianza. Hoy, la credibilidad ganada está a punto de mutar en expectativa frustrada.

La Universidad de Harvard, que analizó la gestión de la Unidad en 2015, destacó: “En el proceso de planificación de las reparaciones colectivas a las comunidades no se les enfatizó que aprendieran a priorizar sus prioridades sino que produjeran matrices extensas sin que (el resto de las entidades) estuviera necesariamente de acuerdo”. Y sentenció: “La Unidad de Víctimas perdió la oportunidad de administrar las expectativas de las comunidades”.

Los Pirc se convirtieron en planes de desarrollo comunitario. Nadie preguntó el costo

Vías, hospitales, escuelas, mercados y hasta bases militares, todo pudo resultar incluido en un solo Pirc. Con la visión reparadora atrás, los Pirc adquirieron un enfoque desarrollista. De la financiación de proyectos ecoturísticos al arreglo de pasivos pensionales, pasando por la construcción de carreteras y estadios, los Pirc se convirtieron en planes de desarrollo comunitario. Nadie preguntó el costo.

El informe de la Universidad de Harvard insistió: “El acto de planificación debe ser un proceso de negociación entre lo deseado y lo posible. Pero en la práctica, este proceso está divorciado de la realidad, en particular en cuanto al hecho según el cual se cuenta con recursos limitados. El resultado, entonces, no es un plan realista, con la debida consideración de los recursos disponibles y de sus fuentes”.

En 2015, según la misma Unidad, 37 Pirc sumaban 400.000 millones, el monto total proyectado por el Conpes 3726 para 833 Pirc en diez años. Los comités municipales de justicia transicional aprobaron más de 300 Pirc sin que fueran siquiera costeados. Muchos superan los 8.000 millones. Para la Universidad de Harvard, la cifra final podría alcanzar los 9 billones. No debe sorprender, entonces, que haya tantos Pirc formulados y tan pocos en vías de ejecución.

Estos compromisos, que involucran al Estado entero, fueron asumidos en ausencia de las instituciones concernidas. Para Harvard, “al invitar a todas las entidades relevantes para cada plan, se habrían identificado de entrada los recursos y capacidades que ellas tenían disponibles y se habría podido pulir el entendimiento de las comunidades en cuanto a los límites de cada entidad”.

La Universidad de Harvard estimó que “la Unidad de Víctimas no cumplió con la condición que se recomienda como fundamental: presupuestar en equipo y lograr el compromiso institucional de todos los involucrados desde el inicio de la tarea”. Alan Jara y su equipo asumirán el costo político de devolver algo de realismo a esta política pública. La construcción de la paz territorial exige una política de reparación colectiva que no se quede en palabras.

LAURA GIL

Columnistas

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