Misión 2

Misión 2

Si la Misión actual debe efectuar actividades que el Estado no puede asumir, como, por ejemplo, el recibo de las armas, la próxima, no.

14 de febrero 2017 , 07:54 p.m.

En diciembre pasado, la Misión de Naciones Unidas en Colombia envió a un pequeño grupo de organizaciones no gubernamentales un documento de trabajo sobre la segunda operación de la organización contemplada en el acuerdo de paz. Les pidió retroalimentación para realizar una reflexión conjunta. Aquí va la mía: el Estado colombiano necesita un socio, no un reemplazo.

El Gobierno y las Farc acordaron el establecimiento de un cuerpo autorizado por la Asamblea General una vez la actual presencia del Consejo de Seguridad culmine su mandato de verificación del cese del fuego. La instancia estará encargada de hacer seguimiento a la reincorporación política y económica de las Farc, así como a la lucha contra grupos criminales que atentan contra defensores de derechos humanos y movimientos sociales y políticos. Dado el incremento en ataques a líderes comunitarios, varios sectores han propuesto un despliegue anticipado de la próxima misión. En la columna ‘Más verificación’ (18/1/2017), di cuenta de los argumentos que lo justifican.

Es de esperarse y hasta de celebrar que el organismo internacional presente unas ideas para abordar la discusión. Preocupa que sean tan desatinadas.

El texto, titulado ‘IIMissionPlanning. SubstantivePart’, va más allá de lo negociado, apunta a un mandato de supervisión más que de verificación y plantea una relación de arriba hacia abajo con el Estado. Las más de 100 actividades sugeridas implican altos niveles de injerencia como “verificar que los recursos económicos aportados por la comunidad internacional, sector privado, fundaciones y otros no disminuyan los montos comprometidos por el Gobierno de Colombia para la reincorporación”.

Altos funcionarios aclararon que se trata de anotaciones preliminares que han quedado desfasadas. Pero todo indica que la deliberación continúa por mal camino.

Ni siquiera queda claro si la Misión acoge la idea de una segunda operación. En la comunicación mencionada se alude al “II mandato de la Misión”, una referencia que podría apuntar a una práctica común de dar a las mismas presencias mandatos diferentes con nuevo nombre. ¿Por qué esto importa?

Si la Misión actual debe efectuar actividades que el Estado no puede asumir, como, por ejemplo, el recibo de las armas, la próxima, no. El Gobierno de Colombia debe insistir en que esta última constituye una misión del todo diferente, en su esencia de derechos humanos, pensada para consolidar la presencia del Estado, no una de seguridad y protección diseñada para suplirla al estilo de tantas otras desplegadas en países posconflicto.

La situación de los líderes sociales constituye una prioridad para el Gobierno. Este ha venido trabajando con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, al punto de que ha aceptado como oficiales el número y la lista de casos documentados por la entidad. Múltiples desencuentros con la Oficina a lo largo de los años no han impedido la construcción de una relación de confianza con el Estado que se refleja en el trabajo conjunto de hoy.

Las discusiones tras bambalinas en torno al futuro de Naciones Unidas en Colombia están permeadas por tensiones entre las agencias y oficinas del sistema. La Oficina está cumpliendo hoy una de las funciones encomendadas a la segunda misión, al tiempo que enfrenta una reducción de financiamiento. Si se la saca por completo de la estructura próxima, se irá al traste lo avanzado.

Con buen tino, la Cancillería ha decidido demorar la discusión sobre la segunda misión hasta tanto no asegure los fondos para la primera. Pero si espera mucho más, llegará demasiado tarde a la conversación.

Laura Gil

Columnistas

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