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Los magistrados de la JEP

Elegidos tienen una oportunidad de oro. La justicia necesita sangre nueva, descontaminada y ética.

Laura Gil
La conformación de la magistratura de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), anunciada por el Comité de Escogencia, deja lecciones y abre oportunidades más allá del acuerdo de paz.
El Comité de Escogencia mostró una fotografía del país sin precedentes en los altos niveles del Estado, tan carentes de representación afro e indígena. La magistratura de la JEP refleja a Colombia en su diversidad y no a la élite judicial responsable de buena parte del desprestigio de la justicia. Con 53 por ciento de mujeres, la JEP dará un paso para convertir en una realidad las aspiraciones del enfoque de género, que tanto se vilipendió.
El nombramiento para los principales altos puestos del Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición, creado en el acuerdo de paz, quedó en manos de este mecanismo innovador. El Comité de Escogencia, un órgano temporal, fue diseñado para dar credibilidad al proceso y está compuesto por representantes nacionales de la Corte Suprema de Justicia y del sistema universitario y delegados internacionales del Secretario General de Naciones Unidas, del presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos y del Centro Internacional de Justicia Internacional.

La magistratura de la JEP refleja a Colombia en su diversidad y no a la élite judicial responsable de buena parte del desprestigio de la justicia

No obstante los méritos de los seleccionados, nada dejará satisfechos a los opositores al proceso de paz. Apenas anunciados los nombres, el uribismo se dio a la tarea de señalar la supuesta parcialidad de los futuros jueces. A la presidenta, una mujer conocida por su compromiso con los derechos humanos, le critican un contrato con el Centro de Memoria Histórica. Hemos llegado al punto de que, para los señores y señoras de Uribe, no puede haber trabajo digno en una entidad del Gobierno Nacional y resulta vergonzante contribuir al establecimiento de la verdad.
A otros les endilgan la pertenencia a organizaciones no gubernamentales, como si la defensa de derechos constituyera un impedimento. Aun a otros les reprochan la militancia política, como si los jueces debieran llegar a los estrados en modo tabula rasa. Las Farc no se quedan atrás cuando elevan su voz contra quienes proceden de la justicia penal militar, como si ese pasado laboral constituyera una prueba de falta de integridad.
La primera lección, entonces, está en asumir una realidad incontrovertible que al Gobierno le sigue costando aceptar: no existe manera de satisfacer a los extremos. El Comité de Escogencia apuntó a un equilibrio que terminará complaciendo a una masa crítica que apoya el acuerdo de paz, está dispuesta a confiar en las calidades profesionales de los elegidos y cree que un magistrado puede dejar de lado sus simpatías y sus disgustos para emitir juicios conforme a la ley.
De esta forma debería avanzar la implementación de la paz negociada. Se necesita dejar de buscar la convalidación de quienes nunca la apoyarán y apostar a la inclusión de Colombia entera, así como lo hizo el Comité de Escogencia.
La segunda lección consiste en reconocer que los arreglos institucionales cuentan, pero las personas importan más. Los miembros del Comité de Escogencia podrían haberse rendido a la presión de unos y otros. No lo hicieron. Dudo que esto se deba a lo novedoso del esquema o a la pertenencia institucional más que a la rectitud personal.
Y, como las personas sí hacen toda la diferencia, estos magistrados de la JEP tienen a sus pies una oportunidad de oro para mostrar que, más que instituciones nuevas, la justicia de Colombia necesita sangre nueva, descontaminada y ética.
LAURA GIL
Laura Gil
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