El éxodo venezolano

El éxodo venezolano

Ningún país podrá responder solo. La respuesta requiere el despliegue de una diplomacia multilateral

14 de febrero 2018 , 12:00 a.m.

La crisis global de refugiados se trasladó del Mediterráneo a la frontera colombo-venezolana. En el último semestre, el éxodo desde el vecino país superó en número las llegadas a Europa desde Siria y el norte de África. ¿Qué hacer? Mucho más de lo que estamos haciendo.

Las autoridades estaban en mora de actuar ante un flujo masivo de carácter mixto que junta a quienes buscan paliar el hambre y quienes escapan de la persecución. Pero las medidas tomadas por el Gobierno para manejar la ola migratoria carecen de un enfoque humanitario y de protección. Se reducen a un marco de control.

Está claro que ningún país está en obligación de recibir a cuanto migrante económico llegue a su territorio. Pero, no nos digamos mentiras: el venezolano que se va no está solo en busca de un futuro laboral mejor, sino de un régimen político que le permita sobrevivir y, con suerte, trabajar. La cuestión venezolana superpone categorías. Casi todos pueden definirse como migrantes económicos y refugiados a la vez.

Abandonemos la hipocresía. No es suficiente hablar en contra de la dictadura de Maduro; llegó el momento de ocuparse de sus víctimas.

Si el Estatuto de Refugiados los caracterizó como quienes “debido a fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social, u opiniones políticas” se ven obligados a abandonar su país, una iniciativa liderada por Colombia, la Declaración de Cartagena de 1984, extendió el concepto a “las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. ¿Habrá venezolanos que no califiquen? Solo aquellos pocos que se benefician del gobierno corrupto de Maduro.

Es verdad que si un venezolano solicita asilo, Migración Colombia pone en marcha el procedimiento. Pero la entidad no ha implementado filtros para impedir el retorno forzado de los vecinos. Deportaciones sí hay. Son de facto, presionadas, sin proceso administrativo, con acompañamiento de las autoridades. Las llaman ‘devoluciones voluntarias’.

“El movimiento migratorio de venezolanos debe darse de forma controlada, regulada y dentro de la legalidad”, afirmó el presidente Santos. Olvidó decir “segura”. Los requisitos impuestos por Bogotá, hasta los ridículos sellos en pasaportes de un país que dejó de expedirlos, desplazarán las entradas por puestos migratorios a las trochas, donde reinan las bandas criminales.

Los esfuerzos deben ir dirigidos a regular los mercados laborales de manera que se identifiquen nichos de demanda donde ubicar a los recién llegados y a regularizar la situación del trabajador venezolano para que cotice en Colombia, tal como usted y yo. Se ha adelantado en lo segundo, no lo suficiente en lo primero.

Ningún país podrá responder solo. La respuesta requiere el despliegue de una diplomacia multilateral que permita compartir el peso del flujo migratorio vía cuotas de personas y fondos intergubernamentales. Las declaraciones del Grupo de Lima han quedado, por ahora, en pura retórica. Quizás tenga más éxito si sus miembros se abocan a resolver lo inmediato.

A diferencia de algunos mandatarios locales, los altos funcionarios del Gobierno se han pronunciado sin el más mínimo tufillo xenofóbico. Esta actitud le da legitimidad a Colombia para asumir un liderazgo que comprometa a la región entera a recibir venezolanos.

Abandonemos la hipocresía. No es suficiente hablar en contra de la dictadura de Maduro; llegó el momento de ocuparse de sus víctimas.

LAURA GIL

Columnistas

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