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La droga no es el problema

Las acciones de las autoridades no se pueden dedicar solo a combatir a las ollas, a los jíbaros.

Detrás del comercio y el consumo de droga en el ‘Bronx’ hay un problema social que las últimas administraciones de Bogotá no quisieron abordar de forma integral, como se venía haciendo hasta antes del 2004; un problema que no se limita a este territorio, sino que tiene que ver con uno más amplio del centro de la ciudad y que involucra ‘Cinco Huecos’, cerca de la plaza España, y parte de los barrios San Bernardo, Los Mártires, Las Cruces, La Estanzuela, La Capuchina y Santafé.
Además de los cientos de ollas de vicio que funcionan en estos sectores, manejadas por distintas estructuras criminales, viven y frecuentan estos barrios poblaciones vulnerables que no han sido atendidas como debiera, como es el caso de familias en extrema pobreza, habitantes de calle, adultos, niños, niñas y adolescentes adictos y abandonados, y hombres y mujeres explotados en prostitución.
Un problema complejo que requiere una intervención social, procesos de renovación urbana y un trabajo especializado de seguridad y justicia, como en su momento se hizo con ‘El Cartucho’, trabajo que tenía que continuar después del 2003 en los sectores antes mencionados.
En el primer y segundo caso se requiere el trabajo coordinado de la Secretaría de Integración Social, Idiprón y el ICBF para que atiendan a los habitantes de la calle, familias y niños y niñas en estado de abandono; de Salud, que debe atender las adicciones, la salud mental y los problemas sanitarios; la Empresa de Renovación Urbana e IDU, que deben planear y ejecutar un plan en estos sectores; la Unidad Especial de Servicios Públicos, que garantiza el aseo, la iluminación y demás servicios; la Caja de Vivienda Popular, que debe crear alternativas de vivienda o de arriendo transitorio para las familias del sector; el Instituto de Economía Social, que debe presentar opciones para las familias de vendedores ambulantes que viven y frecuentan estas zonas; el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo, el Cambio Climático y Bomberos para atender las emergencias que se pudieran presentar y la Personería Distrital, que verificará que las intervenciones se hagan respetando los derechos humanos.
En el tercer caso, la Policía y la Fiscalía, en un trabajo de presencia, investigación criminal e inteligencia, deben perseguir y poner a disposición de la justicia a quienes se dedican al microtráfico (que es narcotráfico), trata de personas, comercio de armas y la receptación de lo robado en el resto de la ciudad.
Sobre las drogas, en estos sectores y en la ciudad en general, las acciones no se pueden dedicar solo a combatir a las ollas, a los jíbaros. Es necesario reconocer y atacar toda la cadena, desde los lugares donde se producen, el transporte, los sitios por donde ingresan a Bogotá, donde se almacenan, y cómo parte de esas drogas se distribuyen a las ollas y jíbaros, y otra parte sigue hacia otras ciudades o sale hacia el exterior.
Se requiere una directiva clara del Alcalde Mayor, donde se definan las responsabilidades de cada una de las instituciones mencionadas. El trabajo planeado y ejecutado debe estar bajo el liderazgo del nuevo Secretario de Seguridad a través de dos grupos bien coordinados: uno de desarrollo social y otro de seguridad y justicia. A este plan hay que involucrar los Camad y la idea que tuvo del alcalde Gustavo Petro de crear en estos sectores una ciudadela para atender a los habitantes de calle y a los consumidores de drogas.
Esta forma de trabajo, que tiene que ser sostenible en el mediano y largo plazo, sirve para intervenir otros sitios de la ciudad donde se concentran actividades violentas y delincuenciales y puede constituirse en un buen modelo de intervención en otras ciudades.
Hugo Acero Velásquez
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