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La paz es con las víctimas

Por: |

Juan Fernando Cristo

Una cosa es que las víctimas no estén presentes en la mesa de La Habana y otra que se pretenda ignorar su voz, desconocer sus derechos.

"Resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo Gobierno Nacional-Farc-EP." Esa corta y contundente frase incluida en el quinto punto del acuerdo que da inicio a las conversaciones con ese grupo subversivo para la búsqueda de la terminación definitiva del conflicto tiene un enorme significado en el desarrollo de las conversaciones. Acepta una realidad contundente en la actual coyuntura, impensable hasta hace pocos años: es imposible avanzar seriamente hacia la paz si no lo hacemos con verdad, justicia y reparación para las víctimas. Estas no existieron en la mesa del Caguán y tampoco en la de Santa Fe de Ralito. No eran importantes, no tenían visibilidad, no se les reconocían sus derechos. Hoy es radicalmente distinto. Es claro que solo con ellas se podrá consolidar una paz estable y duradera.

La principal virtud de la ley de víctimas y restitución de tierras, impulsada por el gobierno Santos y el liberalismo, es que puso a más de cuatro millones de compatriotas víctimas del conflicto en el centro de la agenda pública del país. Hasta hace una década, los titulares de los medios de comunicación eran acaparados por los victimarios, por los secuestradores de las Farc o los masacradores paramilitares. Hoy, la reparación de las víctimas, su reconocimiento y dignificación constituyen la prioridad del Estado. Las víctimas participan, se organizan, debaten, exigen sus derechos y son reconocidas por una sociedad que hasta hace poco las ignoraba. Hoy, los medios las escuchan y divulgan su voz. Es un avance fenomenal de Colombia hacia una sociedad más civilizada y respetuosa de los derechos humanos, como base fundamental para alcanzar la paz y la reconciliación.

La Ley 1448 es la cuota inicial para esa paz, y el éxito de su implementación garantizará en buena parte los positivos resultados del proceso. Y con las discusiones de la ley llegamos al consenso de reconocer a todas las víctimas de la guerra, sin importar quién sea su victimario. Por ello, preocupa y extraña que las Farc, el pasado 26 de octubre, califiquen de "intrascendental" para la mesa el asunto de las víctimas y en desconocimiento del acuerdo inicial. Es una ofensa y una falta de respeto a millones de compatriotas que han sufrido las acciones de este grupo armado. Y si se persiste en esa actitud, se condena al fracaso el proceso. Una cosa es que las víctimas no estén presentes en la mesa de La Habana y otra que se pretenda ignorar su voz, desconocer sus derechos. Una paz sin las víctimas no tendrá ninguna legitimidad política ni ética. Eso lo sabe muy bien el Gobierno, y las Farc lo deben comprender.

Ojalá la declaración del 26 de octubre solo haga parte de una estrategia de posicionamiento del grupo subversivo antes de sentarse a negociar. A nadie cabe en la cabeza que se puedan aplicar a los miembros de las Farc las medidas de justicia transicional previstas en el marco jurídico para la paz si ese grupo se niega a decir la verdad, a reconocer a sus víctimas, a pedir perdón a ellas y a contribuir a su reparación. Por eso, la movilización social de las víctimas se hace más necesaria que nunca para respaldar la implementación de una ley que se podrá ejecutar de manera más acelerada si los diálogos de La Habana llegan a buen puerto y se suscribe un acuerdo de terminación del conflicto.

El Gobierno está, entonces, en la obligación de exigir a las Farc una posición clara frente a las víctimas, y esa guerrilla, de entender la inviabilidad de cualquier intento de negociación que desconozca sus derechos. Es decir, las partes deben ajustarse al espíritu del quinto punto del acuerdo inicial. Y en ese propósito, bien valdría la pena evaluar la posibilidad de que uno de los primeros acuerdos en la mesa sea la creación de una comisión de la verdad que contribuya en este propósito al inicio del proceso, y no al final, como se ha hecho en casi todo el mundo.

Juan Fernando Cristo
Senador de la República

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