Urge ley de consultas previas

Urge ley de consultas previas

Es más que inconveniente que el crecimiento económico se estrelle contra una pared.

11 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

Ya han transcurrido poco más de 25 años desde que el Gobierno decidiera adoptar –tras suscribirse a la Convención 169 de la OIT– las denominadas consultas previas. Desde entonces, estas, orientadas a garantizar los derechos de las comunidades con innegable arraigo ancestral, se han convertido en una suerte de barricada que se interpone en medio del desarrollo del país, puntualmente, en materia de infraestructura.

Para sortear las no pocas dificultades que surgen por causa de las consultas previas, el Gobierno, en cabeza del Ministerio del Interior, parece tener entre manos la fórmula. Se trata de un proyecto de ley estatutaria encaminado, justamente, a poner freno a la inestabilidad jurídica que generan estas consultas y, por supuesto, a salvaguardar los intereses de las comunidades legítimamente constituidas.

Lo preocupante del asunto, hay que decirlo sin rodeos, es el hecho de que el proyecto en mención aún no ha sido radicado ante el Congreso de la República, en contravía de lo anunciado por el propio Gobierno. Las consecuencias de mantener esta iniciativa durmiendo el sueño de los justos ahora empiezan a sentirse con mayor fuerza, toda vez que los tiempos, los costos y los procesos que giran en torno a las consultas previas vienen desincentivando la consecución de la financiación necesaria para viabilizar las apuestas del sector de la infraestructura, y entre ellas las del programa de concesiones viales de Cuarta Generación (4G).

Algunos de estos fallos retrasan los plazos contractuales, ordenan la suspensión de obras y generan incertidumbre para los financiadores

Pero ahí no paran las dificultades que se desprenden de los procesos de consultas previas. Habría que sumar a lo ya mencionado la ‘espontánea’ aparición de comunidades que no están certificadas por el Ministerio del Interior y las cuales se valen de fallos de tutela para ordenar a los constructores adelantar el procedimiento respectivo. Más alarmante aún, el hecho de que algunos de estos fallos retrasan los plazos contractuales, ordenan la suspensión de obras y generan incertidumbre para los financiadores.

Por solo mencionar algunos ejemplos, la carretera entre Pasto y Rumichaca, la vía Popayán-Santander de Quilichao y la iniciativa privada Cesar-La Guajira han tenido que padecer en carne propia los efectos no gratos de las problemáticas ya referidas.
El listado de inconvenientes parecería interminable. De ahí la necesidad de que la ley estatutaria ordene la implementación de un censo y registro de comunidades adecuados, así como un procedimiento claro y definitivo sobre las consultas, y una institucionalidad robusta que se responsabilice de estas.

La ley debe ser garantista, claro está, de cara a los intereses legítimos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. De la misma manera, no sobra decir que el nuevo marco normativo les conviene a ellas sobremanera. En efecto, la adopción de reglas claras en esta materia evita que los derechos de las comunidades ‘de verdad’ sean manipulados de manera perversa por intereses politiqueros, por abogados inescrupulosos o por las mafias de la corrupción, tal y como ha sucedido en el pasado reciente.

Así las cosas, resulta más que inconveniente, dada la coyuntura fiscal que atraviesa el país, que el crecimiento económico –que hoy depende en buena medida del desarrollo de la infraestructura– se estrelle contra una pared, ahora por culpa de la inseguridad jurídica que genera el hecho de no contar con una ley estatutaria de consultas previas.

Deberá sustentarla ante el Congreso el ministro del Interior. Está en juego el desarrollo de la nación, asociado con la cabal ejecución de un sinnúmero de proyectos, estratégicos todos ellos.


JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER
* Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura

Columnistas

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