Justicia especial, ¿paz o venganza?

Justicia especial, ¿paz o venganza?

Hay que construir una justicia para la reconciliación y no un aparato de venganza.

22 de enero 2017 , 11:01 p.m.

No nos podemos quedar a vivir en el plebiscito. A la brava, ya habilitaron los ‘fast tracks’ que permiten ‘pupitrear’ en un abrir y cerrar de ojos las leyes y reformas constitucionales que el Gobierno les lleva a los congresistas. Así, ya pasó el primer debate de la reforma constitucional que crea la justicia especial para la paz (JEP).

Más allá del debate acerca de si se está creando una paraestatalidad con un tribunal hecho a la medida de las Farc, desconociendo la justicia de Colombia, como lo planteó con elocuencia el representante Samuel Hoyos en el debate, lo cierto es que las mayorías parlamentarias ya han tomado la decisión de crear esta JEP, por lo cual resulta necesario trabajar con inmenso rigor sobre los textos que se van a aprobar.

No es casual que el fiscal Néstor Humberto Martínez y la presidenta de la Corte, Margarita Cabello Blanco, hayan presentado juiciosas observaciones para enmendar entuertos del proyecto; y es digno de reconocimiento el esfuerzo que viene adelantando el coordinador ponente, Rodrigo Lara, para lograr que el Gobierno acepte modificaciones necesarias.

En efecto, para evitar males mayores, se requiere que la JEP no rompa la Constitución y se conciba como un instrumento eficaz de transición hacia la paz y no como un poderoso aparato de venganza contra civiles, militares y adversarios políticos.

El proyecto radicado por el Gobierno, plagado de errores de redacción y de textos confusos, se ubica en un peligroso intermedio entre lo primero y lo segundo. No deberían hacer oídos sordos en el Gobierno a las razonables advertencias ya referidas.

En este propósito, para evitar la creación de un monstruo sin responsabilidades ni controles, la norma que logró introducir el representante Lara para generar un efecto tangible a la extralimitación de funciones de estos magistrados es un buen principio. A las dudas sobre su procedencia y los temores por un acuerdo secreto sobre nombres ya acordados entre las Farc y el Gobierno, no se puede sumar un régimen de rueda suelta y de intocables judiciales que no respondan ante nada ni ante nadie.

En materia de conflictos de competencia y régimen de tutela, le asiste plena razón a la Presidenta de la Corte. Es inaceptable que pretendan crear una nueva clase de magistrados que produzcan una nueva clase de fallos de mejor familia que los que profieren las altas cortes. Y tratar de volver permanente lo que es transitorio, peor. La Corte les entregó un enjundioso documento, desde el año pasado, que olímpicamente se pasaron por la faja.

Y en cada uno de los 14 puntos que presentó, el Fiscal tiene razón. Subrayo dos preocupaciones del Fiscal: la garantía de inescindibilidad de condiciones para guerrilleros y militares y la necesidad de hacer absoluta claridad sobre la pérdida de beneficios para disidentes, reincidentes o perpetradores de crímenes continuados, como el secuestro o la retención criminal de los niños reclutados.

Aunque en primer debate incorporaron el derecho operacional en lo relativo a los militares, el escrito de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, publicado en ‘Semana’ va a poner a temblar a los militares. Y con razón. ¿Hasta dónde va la responsabilidad de mando y qué está advirtiendo entre líneas con el antecedente de la condena de Bemba Gombo por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por sus tropas en la República Centroafricana?

La clave, advertida por el fiscal Martínez y recogida en su columna por Miguel Ceballos, está resumida en una sola frase: estas normas deben ser no para la retaliación, sino para la reconciliación. Mientras no se aclaren todos los asuntos aquí referidos y mientras subsista la inmensidad de los interrogantes sobre el juzgamiento de civiles, esto no se podrá garantizar. Quedan tres debates del vertiginoso ‘fast track’ para enmendar la plana.

JUAN LOZANO

Columnistas

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