Abuso sexual y obligación de preguntar

Abuso sexual y obligación de preguntar

La violación de niños, delito atroz, no puede justificarse por el conflicto armado.

27 de noviembre 2017 , 01:21 a.m.

Preguntar, para alguien que tiene la oportunidad de hacerlo, a veces es una opción. Pero es también una obligación, sobre todo cuando se trata de asuntos profundos que afectan a la sociedad y han comprometido nuestra acción vital.

Preguntar es una obligación para con la sociedad, una obligación para con quienes no tienen la posibilidad de hacer preguntas y una obligación para con la conciencia propia. Es un asunto de convicciones y de coherencia, aunque las apariencias engañen y las conveniencias de momento indiquen que lo más cómodo, o lo más fácil, sea eludir la oportunidad de hacer una entrevista, esconderse para una foto o renunciar a formular una pregunta. Y hay preguntas que solo se pueden hacer de manera presencial, directa, personal, en oportunidades únicas que si se escapan, no vuelven nunca.

Por eso, y porque mi vida entera he estado dedicado desde todos los espacios a defender los derechos fundamentales y prevalentes de los niños y a exigir para sus violadores, vengan de donde vengan, las máximas penas y condenas, era una obligación para mí preguntarle a ‘Timochenko’ por los abusos sexuales contra niños cometidos por las Farc en medio del debate sobre los beneficios de la JEP, oportunidad que se dio gracias a la invitación de Darío Arizmendi dentro del marco de la alianza establecida desde hace muchos meses entre Caracol Radio y el canal de televisión Red+, que he comenzado a dirigir hace pocos días.

En la entrevista, cuando le pregunto por el tema, ‘Timochenko’ se remite a la Comisión de la Verdad y más adelante agrega: “Yo tengo la frente en alto... si a mí me llegaran a probar –esto es probando– un solo caso de violencia sexual, yo renuncio a la presidencia del partido, renuncio a la candidatura”. Y cuando le repregunto y le digo que la pregunta no era solo en primera persona, sino en general para las Farc, tras decir él “no estoy de acuerdo en tratar de desbaratar la JEP a partir de ahí... no está bien”, advierte que “se debe castigar, sí, con todo el rigor”, y minutos después retoma para decir que “si a alguno se le comprueba violencia sexual, tenga la seguridad de que todos a una tendríamos que verlo sancionado drásticamente”.

En el Congreso y en los medios, el debate está al rojo vivo. Millones de colombianos pidieron que se condenara con las máximas penas al confeso Uribe Noguera por las atrocidades contra Yuliana Samboní, y cuando se le impusieron 51 años de cárcel les pareció poco y estimularon una apelación que condujo a que se aumentara casi siete años la pena.

Por eso he apoyado sin reserva la proposición de Maritza Martínez, aprobada por el Senado, y la postura valiente del ponente en Cámara Hernán Penagos y la de muchos representantes para que los responsables de casos como el de Yuliana Samboní no accedan a penas irrisorias y a ningún beneficio de la JEP. Sorprendentemente, el Gobierno le ha dado la espalda a la defensa de los derechos prevalentes de los niños.

Bien lo dice la senadora Martínez: “No fue posible concertar un texto con el ministro Rivera porque su propuesta es básicamente lo mismo que hoy contempla la JEP: penas alternativas de 5 a 8 años para un delito tan atroz como la violencia sexual contra menores, que, además, no guarda relación alguna con el conflicto”.

Hoy, cuando discutan en el Congreso esta proposición, tendrán elementos adicionales para la votación, como el informe del Centro de Memoria Histórica sobre los crímenes sexuales de ‘Raúl Reyes’ o esta entrevista con ‘Timochenko’, donde dice que este tipo de delitos se deben castigar “con todo el rigor”. Así, me reafirmo en mis convicciones. Creo que el Congreso está listo para cerrar esta tronera de impunidad contra los responsables de los delitos más atroces contra los niños con este nuevo elemento, y eso me reafirma en el ejercicio del derecho a preguntar, que, cuando se trata de fines superiores para la sociedad, como la defensa de los niños, se convierte en obligación irrenunciable.

JUAN LOZANO

Columnistas

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