Tormenta perfecta o laboratorio de paz

Tormenta perfecta o laboratorio de paz

Es necesario cambiar la expansión territorial por el desarrollo rural con enfoque territorial.

30 de octubre 2017 , 01:51 a.m.

En nuestro país, los indígenas, afrodescendientes y campesinos vienen planteando un proceso de afirmación de sus derechos y han desarrollado estrategias jurídico-políticas para su reivindicación. Si bien estas comunidades no cuentan con garantías ni condiciones suficientes para la implementación de sus planes de vida, se equivocan al pensar que su bienestar se logra a través de la tenencia de tierras.

Hace más de 30 años se exige tierra a los diferentes gobiernos, que se comprometen a proveerla a través de acuerdos históricamente incumplidos. Ambas partes han estado erradas al creer que se mejora la calidad de vida con la entrega de tierras. Parecen olvidar que “no se come tierra, sino que se come lo que la tierra produce”.

Un ejemplo se presenta con los indígenas en el norte del Cauca, quienes, según estudios, poseen 85.000 hectáreas, de las cuales solo el 10 por ciento son aprovechadas productivamente, pero aspiran a tener 70.000 hectáreas más. En contraste, sus indicadores de calidad de vida están rezagados en relación con el país: tan solo en cobertura de acueducto el país registra un 82 %, y en el municipio de Corinto la cobertura apenas llega al 49 %.

Resulta claro que la expansión territorial no es la solución, se requieren proyectos productivos con comercialización asegurada; también, carreteras, energía, acueducto, salud, para que estas regiones sean sostenibles. De lo contrario, sería necesario construirle tres pisos al Cauca para suplir todas las pretensiones.

La expansión territorial y, peor aún, la invasión de la propiedad privada, realizada a través de acciones de hecho por algunos indígenas radicalizados ideológicamente, ponen en riesgo la sostenibilidad de la región y conjugan de manera creciente múltiples factores que han potencializado un conflicto social con lucha armada.

La afectación de la propiedad privada en el norte del Cauca se presenta ininterrumpidamente desde diciembre de 2014. Hoy son 3.120 las hectáreas afectadas y más de 20.000 millones de pesos las pérdidas económicas. Lamentablemente, se suman los muertos y heridos de los indígenas, así como de miembros de la Fuerza Pública que atendieron el deber constitucional de defender la propiedad y la seguridad del territorio.

Entregar tierras cada vez que las comunidades hacen bloqueos sobre la vía Panamericana es un absurdo. Los llamados ‘acuerdos de carretera’ solo empeoran los conflictos. Son miles los acuerdos que han celebrado los diferentes gobiernos con las comunidades, en los cuales solo hay promesas de tierras y compromisos sociales inalcanzables.

Es necesario cambiar la expansión territorial por el desarrollo rural con enfoque territorial y perspectiva intercultural. El Gobierno Nacional debe solucionar un conflicto que está vulnerando derechos fundamentales, como el derecho a la vida, al trabajo, a la libre movilización, a la libertad para desarrollar empresa y actividad económica en la región. El sector privado está comprometido a trabajar de la mano del Gobierno para que en esta zona haya desarrollo, equidad social y se respeten los derechos y deberes de todos sus habitantes.

Este compromiso se evidencia en lo que se viene desarrollando desde hace siete años en el Cauca, con los cabildos indígenas de Toribío, Tacueyó y San Francisco, a través del Fondo de Agua por la Vida y la Sostenibilidad, una iniciativa del Sector Agroindustrial de la Caña y de la cual son parte más de 40 socios. En esta zona se está invirtiendo en proyectos productivos que protegen los bosques y los ríos, y en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades indígenas que ahí habitan.

Urge avanzar en los Programas con Enfoque Territorial (PDET), así como en los beneficios que se considerarán para las zonas más afectadas por el conflicto (Zomac), ya que son el camino para la solución de esta problemática, y con los cuales el Gobierno Nacional podría hacer de esta zona un verdadero laboratorio de paz.

JUAN CARLOS MIRA
Presidente de Asocaña

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