Revocatoria fuera de control

Revocatoria fuera de control

Como va, Colombia sería el primer país donde revocan gobernantes ¡por cumplir lo que prometieron!

24 de marzo 2017 , 12:00 a.m.

La teoría democrática que justifica la revocatoria del mandato es plausible: se trata de darle dientes al mandato representativo en cargos de elección popular, para hacer responsables a los elegidos ante los electores cuando incumplen las promesas que hicieron en campaña. El constituyente colombiano de 1991 hizo eco de esta idea estableciendo el voto programático para alcaldes y gobernadores (esto es, la obligación de gobernar sujetos al programa de gobierno que inscribieron) y la garantía de su cumplimiento mediante la revocatoria del mandato.

Sin embargo, el desarrollo legal de la figura se apartó del propósito inicial del constituyente al establecer como causal de revocatoria, además del razonable “incumplimiento del programa de gobierno”, la caprichosa “insatisfacción general de la ciudadanía”, en elecciones con una sola vuelta en las que el grueso de autoridades ejecutivas locales resulta elegido con mayorías precarias (inferiores al 50 por ciento), que las hacen comenzar el mandato sin el apoyo mayoritario de la ciudadanía y, por lo tanto, vulnerables a la revocatoria.

A pesar del desacierto legal, la Corte Constitucional corrigió el rumbo en la sentencia C-179 del 2002, en la que precisó que la vinculación de la revocatoria “con la noción de voto programático, delimita el alcance del control que ejerce la ciudadanía. Este se restringe a la verificación del cumplimiento del programa propuesto, y no a otras causas de insatisfacción con la gestión del gobernante. La revocatoria no es ni puede llegar a ser simplemente el medio para anticipar las elecciones, propuesto por los opositores del mandatario”.

Por fortuna, el Consejo Nacional Electoral revisará próximamente las motivaciones de las 86 revocatorias que se han presentado en lo que va del año.

No obstante, debido a la laxitud de la Registraduría al momento de recibir las solicitudes de revocatoria, esta limitación jurisprudencial se convirtió en letra muerta y se generalizó en el país la práctica de presentar revocatorias temerarias, por lo general promovidas por candidatos derrotados como venganza electoral contra el legítimo ganador en las urnas.

Hasta ahora, la temeridad generalizada de las revocatorias en su motivación no había sido un problema serio porque la mayoría de iniciativas no lograba superar la etapa de recolección de firmas, y cuando lo hacía, la votación no alcanzaba el alto umbral del 55 por ciento requerido para que fuera válida. Sin embargo, la flexibilización que sufrió el mecanismo en 2015 amenaza con darle efectividad: la media de participación cuando se llega a la votación ha sido del 47 por ciento y ahora el umbral que se necesita para darle validez es de apenas el 40 por ciento. Lo cual no estaría mal si la organización electoral tuviera claro que la revocatoria debe reservarse para hipótesis de verdadero incumplimiento del programa e hiciera un control riguroso para su aceptación. Pero no es el caso.

El expediente de la revocatoria desbocada y sus lamentables consecuencias para la democracia ya lo padeció Perú. Entre 1993 y 2013, este país tramitó 5.303 revocatorias, al cabo de las cuales 1.737 autoridades fueron revocadas. Debido al abuso, la revocatoria del mandato en Perú se convirtió en un mecanismo de perpetuación electoral y repetición anticipada de las elecciones. Por esta razón, el país vecino tuvo que hacerle una reingeniería al mecanismo en 2015, autorizándolo solo a partir del tercer año de gobierno, cuando ya se puede evaluar razonablemente su calidad, y quitándole el incentivo electorero (que existe en Colombia) de forzar la realización de nuevas elecciones, pues ahora, en caso de prosperar la revocatoria, es el suplente del gobernante revocado quien deberá terminar el mandato.

Por fortuna, el Consejo Nacional Electoral revisará próximamente las motivaciones de las 86 revocatorias que se han presentado en lo que va del año. Se trata de una valiosa oportunidad para atemperar nuevamente el mecanismo (como ya lo hizo con acierto la Corte Constitucional en el fallo del 2002 mencionado) y sentar un urgente precedente. Solo en Bogotá, se pueden leer en las solicitudes de revocatoria desde asuntos tan absurdos como recriminarle al actual Alcalde haber hecho cosas que no incluyó en el programa de gobierno, bajo el insensato entendido de que los programas deben ser totales y mencionarlo todo, algo sencillamente imposible, hasta disparates como reclamarle estar haciendo cosas que dijo explícitamente que haría en el programa; verbigracia, buscar para la construcción del metro “la solución técnica que permita hacerlo con la mayor celeridad y menor riesgo de costos y sobrecostos”.

En definitiva, de continuar como va, Colombia se convertiría en el primer país del mundo donde revocan a los gobernantes ¡por cumplir lo que prometieron! Fuera de los ya expuestos, la figura de la revocatoria del mandato tiene otros graves defectos de diseño institucional que cabría reformar en el futuro. Pero este tema es tan amplio y complejo que amerita una próxima columna.

JOSÉ FERNANDO FLÓREZ
* Abogado y politólogo

Columnistas

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