La economía y la paz

La economía y la paz

Los estudios internacionales resaltan que los procesos de paz contribuyen al crecimiento económico.

25 de junio 2017 , 02:27 a.m.

La ceremonia con la que se protocoliza el 27 de junio el fin de entrega de las armas de las Farc representa un gran avance para la paz de Colombia. Celebro además el papel de la ONU en este proceso, que le da total credibilidad. Queda, por supuesto, la tarea de eliminar las numerosas caletas distribuidas en las zonas de conflicto.

La paz es, ante todo, una oportunidad para las zonas rurales de Colombia, y especialmente para los territorios más apartados, muchos de los cuales nunca hicieron el tránsito al siglo XX y ahora deben hacerlo al XXI. Ello requiere poner en marcha una ambiciosa política de desarrollo para esos territorios.

La Misión para la Transformación del Campo, que tuve la oportunidad de dirigir, presentó al Gobierno el año pasado una agenda de este tipo: ‘El campo colombiano: un camino hacia el bienestar y la paz’. Esta agenda debe ser la guía para la fase de desarrollo rural que se inicia.

El Gobierno ha venido poniendo en marcha algunos de sus elementos, aunque con rezago en el pleno montaje y los recursos que necesitan las tres nuevas agencias que se crearon con tal propósito, inspiradas en las propuestas de la Misión: las de Tierras, Desarrollo Rural y Renovación del Territorio.

Los recursos están comenzando a llegar, al igual que los que necesita el gran salto en materia de vías terciarias, sin las cuales el desarrollo de las regiones apartadas es un imposible. Los montos necesarios son, en todo caso, modestos (menos de un punto del PIB), especialmente en relación con su fuerte impacto social.

La expedición del decreto ley sobre desarrollo rural integral en materia de tierras fue también un paso importante, ya que facilita el proceso de formalización de la propiedad rural y acceso a la tierra para los campesinos que carecen de ella. La manera como se alimente el Fondo de Tierras es esencial, y en esta materia no se debe descartar la compra directa de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras.

Quedan temas pendientes. El más importante es la creación de la Jurisdicción Agraria. Esto es aún más esencial dada la decisión de que las intervenciones en materia de expropiación y extinción de dominio agrario se realicen hacia el futuro por la vía judicial. Celebro, además, que estas dos figuras, que existen en la legislación colombiana desde 1936, quedaron bajo las normas de la Ley 160 de 1994.

También se deben resolver por la vía legal otros asuntos, en especial el de la acumulación de unidades agrícolas familiares que tuvieron lugar con posterioridad a la vigencia de la Ley 160. En esta materia, la Misión hizo recomendaciones que deben tenerse en cuenta en el debate legislativo que será necesario para ello.

La puesta en marcha de una ambiciosa estrategia de desarrollo rural es el elemento más importante de la agenda económica de la paz. Su impacto se verá en el desarrollo de las regiones atrasadas de Colombia más que en crecimiento de la economía en su conjunto. Pero este también en un efecto previsible. Todos los estudios internacionales resaltan que los procesos de paz contribuyen al crecimiento económico.

De hecho, y más allá de problemas económicos coyunturales, que nada tiene que ver con el tema que nos ocupa, algunos de estos efectos ya se han venido dando, gracias a la confianza que existe en el país. Como un colombiano que ha vivido en el exterior en los últimos años, doy fe de ello. De hecho, para el grueso de los observadores externos resulta incomprensible la polarización que existe en Colombia en torno al proceso de paz. Su principal reflejo son los buenos niveles de inversión extranjera, pese a la caída en los precios del petróleo y los productos mineros y a las quejas sobre los niveles de tributación del país.

¡Enhorabuena, por lo tanto, por este avance de la paz!

JOSÉ ANTONIO OCAMPO

Columnistas

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