La serie sobre Pablo Escobar hace pensar y discutir, mejor que la invisibilidad de tanto hecho significativo de la historia nacional; verla obliga a debatirla, pero esta sociedad a diferencia de otras ha carecido de incentivos, cine o literatura periodística, por ejemplo.
Es normal la opinión diversa sobre la serie, aunque los hechos son elocuentes, su perspectiva permite que no se vean solo como fenómeno individual, como es aquí habitual, sino en el engranaje socioeconómico que les da sentido, la utilidad del negocio en este caso, cuya presencia es deficiente en la serie, aunque produjo mafias y capos e inficionó la sociedad y sobre todo su autoridad, su daño incalculable. En mucho hay culpa social que no puede sustraerse, puesto que la política no es fatal.

La falla de la legitimidad acaba de mostrarse cuando usó su autoridad para desjudicializarse ampliando la ausencia generalizada de justicia, en secuencia analizable de desmoralización pública y consiguiente desconfianza institucional. Si hay novedad, es que sus manifestaciones sucesivas son más divulgadas, no así su ilación política. La gobernabilidad se asienta sobre un oficialismo permisivo, ajeno a autocrítica y oposición, el daño encubierto por un unanimismo reforzado por instrumentalización ideológica. La indignación busca cobrar pero no tiene expresión política, a pesar de intentos frustrados uno tras otro; la institucionalidad sobrevive porque un escándalo neutraliza el anterior, algo crónico reflejado en resistencia e incluso robustecimiento de clientelismo, delfinato e infección electoral. Pasan reformas inconvenientes, elecciones y reelecciones malolientes, constituyentes mal convocadas; el Congreso, aprobando leyes a pupitrazo nocturno de última hora, favoreciéndose y favoreciendo, la trampa institucionalizada. El secuestro del Estado por la politiquería, y hasta el delito tiene conexidad con corrupción, paramilitarismo, plata sucia, sin -por ahora- consecuencia en doctrina y organismo sustitutivos. La prepotencia cuenta así con libertad y además complicidad para mangonear la sociedad indefensa.

Si la justicia es tratada así, puede imaginarse lo demás. Reformarla es hace tiempo prioritario porque no llega ni a tiempo ni donde debe, ni es universal ni equitativa. Colombia presume de democracia porque hay constitución, ley de sobra y un supuesto agente de legitimidad; este nuevo quebrantamiento es escandalosamente ejemplar sobre la distancia entre presunción y contenido, entre discurso y realidad, entre legalidad y justicia. Se dice que la democracia colombiana es meramente formal porque carece de sustento sociopolítico. Y a propósito de principios, la diferencia entre política y politiquería es que para la primera determinan todo el tiempo; para la otra figuran solo en la autoexculpación.