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Riesgos en la reforma política

Con un artículo, que puede considerarse rupturista, se abriría el grifo a nuevos partidos de garaje.

Las propuestas de reforma electoral del exministro Juan Fernando Cristo no pasaron de cortinas de humo y de discusiones inanes en el Congreso, patrocinadas, por supuesto, con recursos públicos. Pero la herencia que dejó, con la radicación del proyecto de reforma política constitucional para ser aprobado por ‘fast track’, tiene una mezcla de disposiciones, algunas convenientes, otras rupturistas y otras verdaderamente negativas.
Entre las que pueden considerarse convenientes está la que pavimenta el camino a Gustavo Petro para ser elegido –léase, para ser candidato presidencial sin mayor obstáculo–, al condicionar las sanciones de los órganos de control a la decisión de la jurisdicción contenciosa administrativa en casos que afecten los derechos políticos. Claro, me aterra, porque Petro convirtió a Bogotá en una pequeña Venezuela vía el derroche en contratos de prestación de servicios, y gastos que sin verse reflejados en el mejoramiento de la infraestructura de ciudad crecieron dos veces más rápido que los ingresos, pero a él debe derrotársele en las urnas y no con una sanción de la Contraloría de Bogotá.
En un escenario de atomización de candidaturas y sin incentivos para coaliciones multipartidistas antes de la primera vuelta, un artículo que puede considerarse rupturista es el que habilita consultas interpartidistas de afiliados para la escogencia de candidatos y puede ser el detonante que falta para aglutinar fuerzas en torno a un solo candidato. Aunque faltaría saber qué se entiende por ‘afiliados’; de imponerse una versión flexible, como todo aquel que se aliste en el puesto de votación, no me cabe duda de que el partido Verde y Compromiso Ciudadano de Fajardo pudieran ser el palo de la jornada.
Una cosa es la campaña como va y otra con consultas interpartidistas entre Fajardo, Claudia López, Robledo y, quizás, hasta Petro, por un lado; entre De la Calle, Galán, Cristo, Pinzón y Clara López por otro y entre los candidatos del Centro Democrático y Ramos, Ordóñez y Marta Lucía Ramírez. Sería toda una primera vuelta presidencial.
Pero, el sello característico de la improvisación gubernamental que puede hacer trizas la reforma es cuando se elude la recomendación de la Misión Electoral y, en dirección contraria, se abre el grifo para la vuelta al pasado a los partidos de garaje o semigaraje. Se entiende que se reconozca personería jurídica como movimientos a organizaciones que demuestren tener una base de afiliados de al menos el 0,2 por ciento del censo electoral nacional, esto es, 68.000 ciudadanos. Pero debe ser por una sola vez, por el término de dos años o con exigencia de un mínimo de votos para conservar la personería. De lo contrario, una lista bloqueada y un umbral del 3 por cierto harán que en pocos años, el partido Verde se quiebre en dos; el Liberal, en tres partidos; el Conservador, en otros tres, y así sucesivamente, como ya sucedió en los noventa. Cualquier senador con 40.000 votos que no pueda estar entre los primeros seis lugares de la lista de su partido va a buscar rancho aparte con toda seguridad. En el ámbito local, el impacto sería mayor.
El riesgo grande, sin embargo, es que ni siquiera se apruebe la lista bloqueada. En ese caso nos quedaríamos sin el pan y sin el queso, con el agravante de que una malograda iniciativa se convierta en un traslado presupuestal, por la puerta de atrás, en favor de los partidos. Sería bueno que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, emitiera concepto sobre el impacto fiscal de la reforma porque me temo que esa zanahoria sí que tiene acogida en el Congreso.
JOHN MARIO GONZÁLEZ
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