Revolver el avispero

Revolver el avispero

La sustitución voluntaria de cultivos ilícitos puede ser la crónica de un fracaso anunciado.

02 de julio 2017 , 01:49 a.m.

El consejero presidencial para el Posconflicto, Rafael Pardo, y el director de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Eduardo Díaz, se tienen gran confianza para promulgar que la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos cambiará el panorama de la coca en Colombia y que los acuerdos colectivos de sustitución acogen a la fecha un aproximado de 83.000 familias para un estimado de 65.000 hectáreas, aunque menos de dos semanas después hayan dicho que son 76.991 familias para un total de 76.065 hectáreas de coca.

Son cifras con las que dan la sensación de que la política para erradicar 100.000 hectáreas de coca durante 2017, 50.000 a través de la sustitución voluntaria y 50.000 con erradicación manual y forzosa, va viento en popa. Un parte de tranquilidad muy necesario después de la alarmante disparada de los cultivos de coca a 188.000 hectáreas a diciembre de 2016, la cual amenaza con renarcotizar la agenda con Estados Unidos.

Pero, contrario a los anuncios gubernamentales, la política de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos corre el serio riesgo de ser la crónica de un fracaso anunciado. Si se tiene en cuenta que el reciclaje o no de la violencia en las regiones depende en buena parte de la reducción de los cultivos de coca, las posibilidades de éxito del posconflicto están asentadas en una política de incentivos perversos, a riesgo de convertirse en un polvorín. Las razones son numerosas.

En primer lugar, estas entidades tienen una incomprensible resistencia a transparentar el manejo de la información cuando se les pregunta por la distribución por departamento y municipios de los acuerdos colectivos y de las hectáreas efectivamente erradicadas. Solo después de derechos de petición, acción de tutela, y hasta impugnación ante la Corte Suprema de Justicia, se llega a la cifra de 1.435 hectáreas erradicadas que cubren 2.966 familias. Es decir, transcurrida la mitad del año no se ha logrado ni el 3 por ciento de la meta.

En segundo lugar, de las 2.966 familias, que no se sabe en realidad cuántas son porque el director de Sustitución de Cultivos Ilícitos menciona de manera verbal cifras que alcanzan cerca de 5.000 familias, que han sido seleccionadas en forma heterodoxa, lo que genera nuevos conflictos, como me lo expresaron presidentes de juntas de acción comunal de veredas en Caño Indio en Tibú, Norte de Santander, y La Carmelita en Puerto Asís, Putumayo. Se quejan los líderes de que en una vereda con 300 familias escogen apenas 30, en ocasiones a los amigos, o a todos los que estén en un radio de acción, tengan o no tengan coca, y así sea prácticamente en el casco urbano, como en la vereda El Carmen en la zona de concentración de Agua Bonita en La Montañita, Caquetá.

En tercer término, no solo los recursos fiscales no alcanzan para subsidiar a 83.000 o 77.000 familias, sino que el Gobierno pretende con un promedio de millón y medio mensuales competir con cultivadores que en cinco hectáreas producen cinco millones de pesos mensuales o más, como me decía un concejal de La Montañita.

En cuarto lugar, se están generando nuevos conflictos derivados de cocaleros que tienen 50 o más hectáreas y reclaman porque les van a dar lo mismo que a un campesino que tiene apenas una hectárea; de otros que nunca cultivaron y que reclaman que cómo los van a premiar y hasta de excocaleros que demandan el derecho a recibir la ayuda para regresar a su parcela.

Como quinto punto, la estrategia del Gobierno no solo facilita el chantaje al Estado, sino que en adelante se legitimarán los paros y las protestas cocaleras, y hasta el enfrentamiento con los militares o la Policía, pues mientras no cumpla con las carreteras, créditos o acompañamiento técnico será difícil justificar el pasar a la erradicación forzosa.

Y, por si fuera poco, se está llegando a las comunidades no a partir de un fortalecimiento institucional del Estado, sino de Naciones Unidas, entidad que tiene unos altos márgenes de intermediación de los ya escasos recursos y en la que de buena fe debemos creer porque es ajena al control fiscal de la Contraloría o disciplinario de la Procuraduría. La misma entidad que el próximo año entregará la nueva medición de cultivos ilícitos a través del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci).

Así, lo que puede estar sucediendo es que el Gobierno revuelve el avispero de la problemática de los cultivos ilícitos con una política que no tiene visos de éxito, una verdadera papa caliente con la que tendrá que lidiar el próximo gobierno.

JOHN MARIO GONZÁLEZ
@johnmario

Columnistas

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