Por qué el acuerdo no es definitivo

Por qué el acuerdo no es definitivo

Hay que insistir en el camino del Congreso, pero alentar desde ya una gran coalición que defienda una salida negociada, digna para los guerrilleros.

16 de noviembre 2016 , 05:36 p.m.

El Gobierno hace lo que tiene que hacer: tratar de revertir el limbo político y jurídico en el cual quedaron las negociaciones de La Habana después del 2 de octubre. Y es posible que, con el acelerador que ha impreso a dichas negociaciones, logre tramitar antes de fin de año una ley de amnistía para el grueso de la guerrillerada no incursa en delitos atroces o de narcotráfico. Pero eso no quiere decir que el nuevo acuerdo de La Habana sea en realidad definitivo, dadas las inmensas incertidumbres jurídicas y políticas existentes, manifiestas incluso en el mismo nuevo acuerdo de La Habana.

La página 202 establece que el calendario de implementación normativa será durante los primeros 12 meses, conforme a lo establecido en el Acto Legislativo 1 del 2016, aunque en la página 200 se hubiera señalado que se tramitarán los proyectos normativos urgentes mediante otro procedimiento si dicho Acto Legislativo no estuviera vigente. Entretanto, en la página 220 no hay precisión sobre un mecanismo de refrendación, a diferencia del acuerdo del pasado 24 de agosto.

En otras palabras, como mal menor, no hay claridad sobre la ruta por seguir para la implementación del nuevo acuerdo. Como mal mayor, el triunfo del ‘No’ significó la caída de la estantería del procedimiento fast track que establecía el mencionado Acto Legislativo 1 del 2016. El asunto no es intrascendente, pues tramitar un acuerdo tan farragoso como el de La Habana por vía del procedimiento ordinario del Congreso es casi un imposible. Una cosa es lo que entra y otra lo que sale, máxime si se trata de reformas constitucionales y más de 30 leyes con enormes implicaciones de gasto público en época de vacas flacas.

La Corte Constitucional pudiera darle una mano al Gobierno al revivir el mecanismo fast track cuando hacia febrero próximo se pronuncie sobre las demandas en contra del mencionado Acto Legislativo, pero me temo que sería contraproducente y enervaría los ánimos de quienes como los del ‘No’ han tomado la delantera política. ¿Qué caminos le quedan, entonces, al Gobierno? La verdad, no muchos, aunque siempre hay una salida. Y me explico.

Uno de ellos sería un nuevo plebiscito, camino allanado en la sentencia C-379 del 2016 de la Corte Constitucional sobre el plebiscito, página 320. No obstante, es sumamente riesgoso en una época preelectoral y con un Gobierno debilitado, por lo que lo mejor es descartarlo. Una segunda opción son los cabildos abiertos, pero es una figura en la práctica exótica para legitimar una decisión gubernamental de carácter nacional que no estaría exenta del requerimiento de preparación de la Registraduría Nacional para que revistiera credibilidad, como tampoco del riesgo, a estas alturas, de que se tornara en un pronunciamiento sobre la gestión del Gobierno.

Así las cosas, me atrevo a sugerir que desde el punto de vista institucional el camino es insistir en el Congreso, sin desgastarse demasiado, aunque con peluqueo del enorme gasto público que se concibe en la multiplicidad de planes, programas, campañas, capacitaciones, talleres, entrega de mercados y hasta atenciones a los hijos e hijas de integrantes de las Farc en el nuevo acuerdo de La Habana. Pero el verdadero desafío o camino, quizás, corre por alentar desde ya una gran coalición que defienda una salida negociada, digna para los guerrilleros y sin mayores traumatismos en el 2018. Poco sentido tiene que se aprueben unos cambios para que el próximo gobierno los reverse.

Es posible que Uribe diera un sorpresivo viraje y apoyara los acuerdos, pero así el Gobierno diga que se incorporó el 80 por ciento de las objeciones de los líderes del ‘No’, seguramente también exigiría cambios, entre otros, al tratamiento del tema de las drogas. Mientras el país nada en coca y el Departamento Nacional de Planeación acaba de decir que se lo ha tomado el microtráfico, en el acuerdo de La Habana no solo prima un enfoque de salud pública, sino de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos que se subordina a esquemas de participación y construcción conjunta entre comunidades y autoridades, y a condicionamientos según los cuales primero hay que superar la pobreza. Por lo pronto, este nuevo acuerdo no luce definitivo.

John Mario González@johnmario

Columnistas

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