El conocido eslogan de Jorge Barón pronto será realidad político-administrativa en buen número de ciudades y municipios del país. Hará parte de las campañas a las alcaldías, y los elegidos que cumplan sus promesas lo volverán realidad. Muchos seguirán el ejemplo de Bogotá. En Bucaramanga ya decidieron eliminar el cargo fijo del servicio de acueducto a los estratos 1, 2 y 3. Por eso conviene establecer cuáles son los costos y cómo se financia el nuevo y pronto generalizado derecho fundamental: agua potable gratis para los sectores sociales menos favorecidos.

En desarrollo del mandato contenido en el Acuerdo 347 del 2008 -garantizar "gradualmente una cantidad mínima de agua que permita llevar vida digna a los habitantes en condiciones de fragilidad y a las familias con necesidades básicas insatisfechas"-, la alcaldesa Clara López ordenó seis metros cúbicos gratuitos para el estrato 1. Petro extendió el mismo beneficio al 2. Hay quienes piden que se otorgue al 3.

Como los costos de la gratuidad ordenada se cubren con cargo a los impuestos que pagan los bogotanos, el presupuesto distrital debe transferir a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB) los 65.000 millones de pesos que valen anualmente los seis metros de los estratos 1 y 2. Los del estrato 3, cuando se decreten, valdrán 90.000 millones cada año. Los costos del llamado mínimo vital no se financian, entonces, con recortes del gasto público ni con eficiencia de la EAAB, sino con impuestos.

A lo anterior agréguese que las tarifas de los estratos 1, 2 y 3 reciben subsidio igual al 70, el 40 y el 15 por ciento, respectivamente, y que ese subsidio, que vale cerca de 200.000 millones de pesos anuales, se paga con recursos del presupuesto distrital y el aporte solidario que hacen los estratos 5 y 6 y los sectores industrial y comercial, cuyas tarifas se incrementan con ese fin. Con otras palabras, los estratos 1 a 3 gozan de gratuidad y subsidio para los consumos que superen los primeros seis metros cúbicos. El valor total de este subsidio disminuirá, porque no se concederá al mínimo vital que será gratuito, pero no se reducirá, como debería hacerse, el recargo que pagan los estratos 5 y 6 y los industriales y comerciantes para ser solidarios con los más pobres.

Lo anotado responde, parcialmente, la inquietud de quienes preguntan en qué se gastan los impuestos y por qué Petro pide al Concejo que se creen nuevos gravámenes (peajes urbanos, edificabilidad) y se incrementen los vigentes hasta por 2,8 billones de pesos. Como se anuncia nueva reforma tributaria nacional, es válido preguntarse si no constituye demasiada carga para los contribuyentes bogotanos, que pagan la tributación local per cápita más alta del país, sumar dos reformas: la nacional y la distrital.

La experiencia capitalina permite concluir que alcaldes y candidatos pueden ofrecer agua gratis si logran que de los presupuestos que manejan o manejarán se giren los costos de las decisiones que tomen. Si no, deberán crear nuevos impuestos o poner a producir más los existentes.

Con los recursos de las empresas de acueducto no se puede apalancar la gratuidad, porque la Ley 142 ordena garantizar su sostenibilidad financiera y prohíbe el no cobro de los servicios que presten. Tampoco se pueden recuperar esos costos pasando del cobro bimestral a uno mensual de las tarifas, como anuncian que se hará en Bogotá, porque así se burlaría groseramente la publicitada generosidad y, en el caso de la capital, se estarían incrementando, por la puerta de atrás, las tarifas de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Conviene tener en cuenta también que los costos varias veces citados pueden comprometer las posibilidades de mejorar la calidad y cobertura de uno o varios servicios públicos. Tal vez no sobra agregar que, una vez consolidada la gratuidad del agua, vendrá la de la luz eléctrica.

JAIME CASTRO
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