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Dos visiones

Es innegable que las Farc no generan confianza en un sector importante de la opinión pública, confianza indispensable para fortalecer el proceso de paz. Otros creen que nada hay que negociar, y que esa guerrilla debería ser aniquilada militarmente. A este panorama se suman los equívocos guerreros de años recientes, que dan pábulo a la incertidumbre.
Apreciaciones comprensibles y no exentas de lógica. Cosa distinta sucede con parte de los ciudadanos que se oponen radicalmente a los acuerdos de paz, encabezados por el expresidente Uribe, en cuyo caso la dureza de sus argumentos está directamente vinculada con el intento por recuperar el poder para instaurar un régimen que -aunque por medios civilistas- poco se distancia de los ejercicios dictatoriales en la reciente historia del sur del continente.
Muchos creemos que, efectivamente, las Farc deben asumir con mayor responsabilidad el reto de encauzar su accionar por las vías democráticas, logrando que se consolide la agenda de negociación en marcha. Además deberían desatar acciones que demuestren su interés en el acuerdo, como el impulso decidido al desminado en todo el país, o el reconocimiento del papel de las víctimas de su accionar, y su plena disposición a repararlas.
Pero preferimos abrir un compás de espera y de credibilidad, necesario para el proceso, sin dejar de reconocer que el camino por recorrer es todavía espinoso. Además, porque al paso que van las cosas, Colombia requiere la salida negociada para continuar construyendo los senderos del Estado social de derecho consagrados en la Constitución del 91.
Llama la atención que sea precisamente Uribe el mayor opositor a esta iniciativa, cuando en su gobierno se llegó a acuerdos con los paramilitares, quienes estuvieron a punto de lograr estatus político, de no haber sido por la oportuna intervención de la Corte Constitucional que impidió tal despropósito.
Otro hecho que debemos recordar es que los paramilitares aprovecharon ese proceso de negociación para consolidar su dominio territorial, insertar sus fichas en las diferentes instancias del poder legislativo e incluso ejecutivo, e intentar sojuzgar al judicial. La extradición de sus jefes se convirtió en una ofensa a las víctimas y una traición del régimen a sus anteriores aliados. Sin olvidar la reveladora expresión que se le escuchó en muchas ocasiones a alias don Berna, en el sentido de que "Los verdaderos resultado de la seguridad democrática residen en la colaboración que nosotros hicimos por arrinconar la guerrilla".
Así que la lucha de los colombianos por la paz enfrenta dos visiones de poder y democracia. Durante ocho años el país experimentó una de ellas, y como resultado se generó un clima de desconocimiento evidente de los preceptos constitucionales y legales que inspiran el Estado de derecho, la vigencia de los derechos humanos y el respeto por la vida. Así las cosas, ¡las Farc tienen la palabra!
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