Reforma político-electoral ilegítima

Reforma político-electoral ilegítima

Pretenden nuevas reglas de juego, que regirían campañas en curso y votaciones.

12 de junio 2017 , 02:10 a.m.

La apertura económica de la Constitución del 91 –enajenación de empresas del Estado y prestación de los servicios públicos por particulares– se ha cumplido, hasta en exceso, porque los interesados la han promovido y hecho suya. En cambio, la apertura política de esa misma Carta –democracia participativa, descentralización territorial, partidos modernos– no ha tenido lugar, porque a los actores de nuestra vida pública no les conviene renovar ordenamiento que bien les sirve. Por eso, las instituciones y prácticas políticas vigentes no interpretan ni expresan los volcánicos cambios sociales y económicos de las últimas décadas, y periódicamente se ofrece una reforma política que se volvió asignatura pendiente, porque han fracasado las de los actos legislativos 1 de 2003, 1 de 2009 y 2 de 2015.

La que ahora se anuncia aumenta en 28 el número de congresistas. El partido de las Farc tendrá, como mínimo, 10 curules en Senado y Cámara que serán adicionales a las actuales (acto legislativo 01 de 2017). Tendrán el mismo carácter las 16 curules en la Cámara de nuevas circunscripciones. En el Senado y la Cámara ocuparán curul los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República que obtuvieron la segunda votación en la respectiva elección (acto legislativo 02 de 2015). El Gobierno considera que el estatuto de la oposición forma parte de su reforma política, pero la ley que lo contiene tan solo repite textos anteriores y olvida las garantías que requieren quienes discrepen de la verdad oficial para acceder al poder regional y local y para hacer política, en igualdad de condiciones, sin la presencia de la ‘mermelada’ que el Gobierno reparte a sus amigos.

La reforma de verdad está en el extenso proyecto de reforma constitucional sobre temas político-electorales que el congreso tramita vía ‘fast track’ porque las próximas elecciones “exigen que los contenidos del acuerdo sean implementados de manera inmediata”. Como se dice y repite en la exposición de motivos, las propuestas presentadas fueron convenidas en La Habana y regirían para las campañas en curso y las elecciones del año entrante, en las que participará con ventajas que no tendrán otras organizaciones políticas, el partido de las Farc (acto legislativo 03 de 2017). El contenido del proyecto y la manera como lo evacuarían comprometen seriamente un valioso patrimonio político colombiano y la legitimidad de las decisiones que tomen (Lea: Reforma política, ¿cortina de humo o remedio contra la corrupción?).

Todas nuestras constituciones han sometido la modificación de las normas electorales a exigentes requisitos, v. gr., en cuanto a número de debates y mayorías para su aprobación. El tema es tan sensible que en 1949 la fijación de la fecha de unas elecciones presidenciales terminó en balacera que cobró la vida de un representante a la Cámara. Tampoco se han cambiado reglas de juego en mitad del partido. La elección de alcaldes empezó a regir en 1988, aunque fue aprobada a fines del 85, porque no era legítimo cambiarlas cuando ya habían empezado las campañas de las parlamentarias y presidenciales del 86.

Ahora, de afán, vía ‘fast track’, pretenden nuevas reglas de juego, que regirían campañas en curso y votaciones que tendrán lugar dentro de pocos meses. Su pretensión no es legítima, porque están aplicando procedimiento ad hoc, lo que equivale a legislar con nombre propio, y sería claro que se decidió con el propósito de favorecer o perjudicar determinados intereses o de meterles la mano a los resultados del año entrante, razón por la que las declaraciones del nuevo Mininterior suscitan grave inquietud: “Enfrentar las elecciones del 2018 con las reglas de juego de hoy podría ser suicidio político”. ¿De quién? ¿Del Gobierno? ¿De la oposición? ¿De otros actores de la vida pública?

JAIME CASTRO
jcastro@cable.net.co

Columnistas

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