Contradicciones y retos oficiales

Contradicciones y retos oficiales

Dónde están los 3,5 billones de pesos que vale el apoyo económico a las 50.000 familias cocaleras.

08 de octubre 2017 , 02:42 a.m.

Para “la solución del problema de las drogas ilícitas”, el Gobierno negoció con las Farc el acuerdo que divulgó el 16 de mayo del 2014, cerca de la primera vuelta de las presidenciales de ese año. Capítulo importante de lo convenido fue y sigue siendo –porque el texto suscrito se incorporó al Acuerdo Final y, por tanto, a la Constitución– la sustitución voluntaria y manual de los cultivos de uso ilícito, que se debe cumplir en desarrollo de los contratos que se celebren con las comunidades involucradas en dichos cultivos y con las familias cocaleras que reciben, cada una, 36,4 millones de pesos en el transcurso de dos años, a cambio de la sustitución y no resiembra a que se comprometen.

Si lo anterior no fuere posible, habría sustitución forzosa, también manual, “previo proceso de socialización e información a la comunidad”. Excepcionalmente, como última alternativa, se harán las fumigaciones, que, según se dijo, eran “paños de agua tibia, porque nosotros llegábamos, fumigábamos y erradicábamos y apenas nos íbamos empezaban a sembrar”.

Se acordó, igualmente, crear en la Presidencia de la República el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito (Pnis), que tiene como “principio fundamental” la citada sustitución voluntaria. Las Farc reconocieron por primera vez que habían tenido relaciones con el narcotráfico. Lo hicieron porque necesitaban que sus actividades fueran declaradas conexas con el delito político, que es amnistiable, y que en su caso se prohibiera la extradición. Por eso adquirieron “el compromiso de contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación, a la solución definitiva del problema de las drogas ilícitas y poner fin a cualquier relación que, en función de la rebelión y en razón del conflicto, se hubiese presentado con este fenómeno”.

La nueva estrategia empezó a ejecutarse en mayo de l2015, aunque en ese momento no se había firmado el Acuerdo Final y habían decidido que nada está acordado hasta que todo esté acordado, pero convenía anticipar el cumplimiento de lo pactado terminando las ineficientes y costosas aspersiones aéreas y reduciendo los cultivos con la sustitución voluntaria y manual.

No obstante el empeño del Gobierno, no se lograron los resultados esperados. Los cultivos de coca continuaron creciendo. Pasaron de ocupar 60.000 hectáreas en el 2010 a 188.000 en el 2016. Esa fue la razón, aunque no la única, para que Estados Unidos haya advertido que puede descertificar a Colombia si el país no reduce los cultivos que se acompañan de la producción de cocaína. Las autoridades norteamericanas también consideran que el proceso de paz ha causado o por lo menos contribuido al incremento de dichos cultivos.

La respuesta de las nuestras es conocida: el proceso de paz es ajeno a la situación creada y, según voces oficiales, “sin conflicto, con la colaboración de las Farc se puede hacer sustitución verdaderamente estructural y el país tiene la gran oportunidad no solo de erradicar, sino de solucionar definidamente el problema”. Prueba lo anterior que este año se erradicarán 50.000 hectáreas y se sustituirán otras tantas.

En relación con esta última meta, no han dicho dónde están los 3,5 billones de pesos que vale el apoyo económico a las 50.000 familias cocaleras que es necesario subsidiar para que sustituyan 50.000 hectáreas (estimativo de la Fundación Ideas para la Paz). Esa es la razón para que Alfredo Molano sostenga que “en sustitución poco ha hecho el Ministerio del Posconflicto. Casi nada. Programitas sueltos, incoherentes, manejados con ilusiones y demagogia barata; se muestran cifras infladas, cifras políticas, con la esperanza de que Trump no nos descertifique”.

JAIME CASTRO
jcastro@cable.net.co

Columnistas

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