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Infraestructura vs. sanciones

El Ministerio de TIC debería proponer que una sola entidad controle a los operadores de celular.

La semana pasada salió en diferentes medios la noticia de las gigantescas sanciones con las que se va a castigar a los operadores de telefonía móvil, sean directos –como Movistar, Claro, Tigo– o virtuales –como, por ejemplo, Uff! y Virgin.
Sería interesante ver cómo los estudios y análisis de los malos servicios que generaron estas sanciones, especialmente en zonas rurales, tuvieron en cuenta la prohibición de instalar antenas. En otras palabras, el despliegue de la infraestructura necesaria para poder prestar el servicio exigido en las normas respectivas no se puede hacer porque la decisión de permitir instalar la toman miles de alcaldes. Lo peor es que son decisiones que no se apegan a razones lógicas o tecnológicas, pues aún no se ha demostrado científicamente que estas antenas generan problemas de salud.
Hay países en los que lo único que se exige para instalar una antena de telefonía celular es cumplir con los requisitos establecidos. Nada más. Es un pesar que no se haya podido evitar que el despliegue de la infraestructura para la telefonía celular dependa de los alcaldes.
Imagínense que hubiera una normativa que sancionara a los conductores por manejar a velocidades lentas, pero que a la vez los alcaldes no permitieran tapar los huecos de las calles, lo que obligaría a manejar despacio.
Es una inconsistencia del Plan Vive Digital 1 y 2 lo que está sucediendo con el despliegue de infraestructura de la telefonía celular, que ofrece conexiones de banda ancha con la tecnología 4G LTE. No tendría nada de raro que los operadores dejaran de invertir en tratar de llegar a zonas remotas con esta tecnología, si les va a acarrear costosísimas sanciones.
Para que los usuarios no se vieran afectados, para que los operadores tuvieran la motivación de invertir y para que las sanciones fueran justas, el Ministerio de TIC debería proponer que una sola entidad controle a los operadores de celular y no varias, como hoy en día, y que fuera esta la que diera los permisos para instalar infraestructura en cualquier parte del país.
Sin duda, se debe controlar el buen servicio de los operadores de telefonía celular, pero teniendo en cuenta el ambiente en que ellos se mueven y los problemas que se les presentan para el despliegue de la infraestructura necesaria para prestarlo.
Guillermo Santos Calderón
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