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Impunidad y conflicto armado

El sistema de justicia colombiano desaparece en la medida en que entra en territorios de conflicto.

El Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria de Cartagena, de la Corte Suprema de Justicia, sobre justicia transicional, tuvo la participación del Presidente de la República y de las personas del Gobierno que negocian en La Habana.
Gracias a la conducción de José Leonidas Bustos, presidente de la Corte Suprema, las contribuciones aportaron claridad a este punto crucial de las negociaciones con elementos rigurosos y nuevos de miembros de la Corte Penal Internacional, la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Naciones Unidas y ONG internacionales de justicia transicional y comisiones de la verdad, además de la Fiscalía, la Universidad Nacional y expertos colombianos.
Fabrizio Hochschild, representante residente de Naciones Unidas, presentó una reflexión muy pertinente sobre impunidad que comparto con un resumen mío sobre sus planteamientos. Según Hochschild, el debate nacional sobre la justicia en La Habana se ha centrado en los posibles beneficios que por causa de la paz se podrían eventualmente incluir en un marco de justicia transicional a los máximos responsables de las Farc y otros actores del conflicto armado. Estas concesiones son rechazadas como impunidad, y con ello se rechaza el proceso de La Habana, que busca terminar el conflicto, que es la causa más importante de la impunidad generalizada en Colombia.
Esta relación de causalidad entre conflicto e impunidad se evidencia en que el sistema de justicia colombiano, hasta cierto nivel eficaz en las ciudades, desaparece en la medida en que se entra en los territorios del conflicto donde imperan los grupos armados ilegales que se van reciclando; de manera que cuando un grupo sale, el vacío es llenado por otro que impone su sistema de control y de justicia. Realidad que sigue vigente, a pesar del inmenso trabajo que se ha hecho en desmovilización.
El resultado son millones de casos en impunidad, pues las víctimas, por temor y por lejanía física, no denuncian; los miembros del Ministerio Público están sometidos a la presión armada de todos los lados, y muchos de los jueces que han tenido el coraje de actuar con libertad han sido asesinados. La fragilidad de la justicia ante el conflicto, en parte, explica que 9 de cada 10 asesinatos queden impunes y que las tasas de homicidios más altas se concentren donde arde el conflicto, como en Tumaco, Quibdó, Buenaventura y Caucasia.
Esta impunidad genera gran inseguridad y desconfianza en las comunidades y los negocios, que no tienen las reglas definidas, la predictibilidad y la confianza de la justicia estatal soberana.
La impunidad igualmente genera pobreza. En Tumaco, entre el 2011 y el 2013, cerca de 1.300 pequeños comercios cerraron por la extorsión, que impunemente se extiende a los barrios populares de las grandes ciudades. La Cámara de Comercio de Medellín estima que el 90 por ciento de las pequeñas empresas pagan entre 60 y 100 dólares semanales a redes delincuenciales. Por eso, Fabrizio se pregunta cómo superar la pobreza cuando los más pobres son así extorsionados.
El representante de Naciones Unidos concluyó su intervención con estas palabras:
“No solo debe preocupar a los colombianos la eventual impunidad o la cantidad de castigo que surja de los acuerdos de paz de La Habana. Este es un tema, por supuesto, muy importante. Pero la impunidad es un fenómeno mucho más amplio. El fin del conflicto armado, aunque no suficiente por sí solo, es la mejor apuesta que tenemos para revertir esta situación. No permitamos que nuestra preocupación por poner a unos cuantos entre rejas nos impida encontrar respuestas para liberar a miles de la prisión más grande de Colombia: la prisión del conflicto armado y de la impunidad que este conlleva”.
Francisco de Roux
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