Una acción responsable y solidaria

Una acción responsable y solidaria

Es necesario reducir los esquemas de seguridad para proteger a quienes de verdad están amenazados.

20 de febrero 2017 , 07:35 a.m.

Sin tener datos precisos sobre los esquemas de protección con escoltas que tenía el Estado en la última década del siglo pasado, lo que sí se puede asegurar es que los niveles de riesgo en contra de la vida, integridad, bienes y libertad de los ciudadanos eran muy superiores a los que hoy se registran en el país, y seguramente los esquemas de protección eran menores.

Durante la década de los noventa, la tasa de homicidios se mantuvo entre 80 y 70 homicidios por cada 100.000 habitantes, el secuestro pasó de 280 casos registrados en 1989 a 3.300 en 1999, se venía del exterminio de la Unión Patriótica en los ochenta, el país sufría los atentados terroristas del cartel de Medellín y casi todos los días se registraban acciones violentas de los distintos grupos guerrilleros, paramilitares y de delincuencia organizada que se dedicaban al secuestro. Es decir, los riesgos eran mayúsculos y los esquemas de protección, menores.

Hoy, la tasa de homicidios es de 26 por cada 100.000 habitantes, los secuestros están por debajo de 250, las Farc se están desmovilizando en un proceso de “no retorno”; continúa actuando el Eln, pero sentado en un proceso de diálogos de paz con el Gobierno; desaparecieron la mayoría de grupos de paramilitares y otros se transformaron en bandas criminales sin orientación política o ideológica, las acciones terroristas se redujeron al máximo y aunque la extorsión ha aumentado, los riesgos son mucho menores que los que se registraban en las dos últimas décadas del siglo pasado y los primeros años del presente.

No obstante la mejoría de la situación de seguridad, de acuerdo con información de la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Estado tiene siete mil quinientos protegidos y cada año más de quince mil ciudadanos solicitan esquemas de protección. Es decir, se tiene un sistema desbordado en medio de un país que ha logrado reducir los riesgos en más de un setenta por ciento.

Frente a esta situación, no solo es pertinente y oportuna la orden del Presidente de la República de reducir los esquemas de seguridad, sino que sería importante que los hoy protegidos, en un acto solidario, consecuentes con los discursos de paz y conscientes de las necesidades de protección de los líderes amenazados, que los están matando, plantearan ellos mismos la eliminación o reducción de sus esquemas.

Cabe anotar, con base en la situación actual de riesgos, que muchos ministros, funcionarios públicos nacionales, congresistas, alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, exfuncionarios y muchos ex no requieren esquemas de protección o los pueden reducir al máximo para que el Estado pueda proteger como corresponde a las nuevas víctimas, como es el caso de los reclamantes de tierras. En lo que va corrido de este año han asesinado a más de 80 líderes.

Si bien algunos protegidos por el Estado requieren de este servicio por los niveles de riesgos que todavía tienen, está demostrado que hoy, la mayoría de los esquemas de seguridad son más ‘grupos de compañía’ que facilitan la vida de los protegidos en términos de movilidad, estatus social, labores de oficina, mensajería y hogar, es decir, labores que no corresponden a las obligaciones de proteger al ‘personaje’. En Colombia, el protegido es el que maneja el esquema de seguridad y no al revés, como debería ser.

La reducción de los esquemas de seguridad no es decisión fácil de tomar y menos de asumir por los protegidos, pero se requiere, si se quiere proteger a quienes de verdad están hoy siendo amenazados y presentan altos niveles de riesgo de ser asesinados. El Estado y los protegidos que no necesitan esquema de seguridad tienen la palabra; se requieren decisión, conciencia y desprendimiento.

HUGO ACERO VELÁSQUEZ

Columnistas

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