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¿Quién gobierna la seguridad?

Colombia no tiene planes públicos nacionales en materia de convivencia y política criminal.

Hugo Acero Velásquez
Un rápido análisis de las estructuras estatales de gestión administrativa de la seguridad ciudadana en los países de América Latina permite afirmar que la gran mayoría han avanzado hacia un manejo más civilista de este tema, si solo nos remitimos a los organigramas y funciones de ministerios y secretarías. Sin embargo, también en la mayoría de las naciones, todavía persisten manejos exclusivamente militares y policiales del asunto.
En el caso colombiano, la estructura administrativa nacional es predominantemente militar y policial, en cabeza del Ministerio de Defensa, al lado de otras instituciones estatales que también tienen responsabilidades en materia de seguridad ciudadana, incluidos el Presidente, los alcaldes y los gobernadores.
En gestión de la seguridad ciudadana el país ha avanzado, especialmente en algunos municipios que hoy cuentan con secretarías, institucionalidad y recursos dedicados a esta cuestión. A nivel nacional, atrás quedó la propuesta del presidente Santos de crear el ministerio de la seguridad ciudadana, no solo para sacar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa sino para darle un manejo civilista, especializado e integral de este asunto, que tanto lo requiere.
En Colombia existen hoy varias instituciones del orden nacional que tienen que ver con la seguridad ciudadana, que, desde luego, debe incluir el tema de justicia; instituciones que desde su ámbito de responsabilidad cumplen con sus funciones, pero que no coordinan como se debiera para solucionar los problemas de violencia y delincuencia de forma integral. No hay una cabeza administrativa que coordine las distintas instituciones.
De manera gráfica, si un alcalde quiere coordinar algunos temas especiales en materia de seguridad ciudadana con el Gobierno Nacional, debe pedir varias citas en Bogotá, una con el ministro de Defensa, otra con el director de la Policía Nacional para pedir más policías, una más con el ministro del Interior si quiere algunos recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), o con el Presidente o Vicepresidente para que les ordene a todas las anteriores instituciones trabajar con el alcalde. También debe pedir una cita con el Fiscal General de la Nación para que esta institución asigne más fiscales y se fortalezca la investigación criminal en su municipio. Ahora, si la cuestión tiene que ver con la justicia, debe reunirse con el Ministro de Justicia y del Derecho para tratar los asuntos de cárceles, resolución pacífica de conflictos y justicia cercana al ciudadano; y si el problema es con los jueces, hay que ir al Consejo Superior de la Judicatura o reunirse con el Consejo Seccional.
Es decir, si los alcaldes quieren contar con apoyo de los jefes de las instituciones nacionales de seguridad y justicia, deben permanecer un buen tiempo en Bogotá cumpliendo las citas o consiguiéndolas con el apoyo de algún congresista, funcionario o amigo cercano a estos. No todos los alcaldes tienen quién les ayude en esta tarea.
Tal situación no solo afecta la gestión territorial y local de la seguridad ciudadana, sino que en el orden nacional no existe coordinación adecuada entre estas instituciones, como tampoco una cabeza que las gobierne o coordine de modo apropiado y permanente, situación manifiesta en las diferencias y discusiones públicas entre el Fiscal y el ministro de Justicia, entre la Policía, los jueces y algunos mandatarios locales, porque “la policía los detiene y los jueces los sueltan”; entre algunos alcaldes y los ministros, entre los jueces y el Inpec y entre los ministros.
Esta falta de cabeza y de directrices claras de coordinación también ha contribuido para que Colombia no tenga hoy planes públicos nacionales en materia de seguridad y convivencia y de política criminal. Es decir, no hay cabeza ni hojas de ruta para enfrentar de mejor manera la criminalidad y la violencia.
HUGO ACERO VELÁSQUEZ
Hugo Acero Velásquez
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