Al oído de los candidatos y candidatas

Al oído de los candidatos y candidatas

La seguridad debería ser uno de los asuntos vitales en los programas de gobierno de los candidatos.

29 de diciembre 2017 , 12:00 a.m.

En los últimos años, todas las encuestas muestran que la inseguridad es el problema que más preocupa a los ciudadanos. No obstante los esfuerzos y resultados de los gobiernos nacionales y locales en materia de reducción de los homicidios y algunos delitos, los ciudadanos no se sienten seguros en las calles, casas y veredas de las zonas rurales, y, aunque demandan de las autoridades de seguridad y justicia mayores resultados, tienen poca credibilidad en estas instituciones, como también lo revelan las encuestas.

Entonces, este debería ser uno de los asuntos más importantes que los candidatos expongan de manera clara en sus programas de gobierno y discutan con los ciudadanos a lo largo de la campaña que ya se inició. Deben contar con propuestas concretas que resuelvan durante el próximo gobierno problemas de liderazgo, gestión, estructurales y de baja eficiencia y credibilidad de algunas instituciones de seguridad y justicia.

En primera instancia deben reconocer que no es posible seguir teniendo buenos resultados en materia de seguridad si no existe una cabeza institucional que a nivel nacional gobierne, lidere y coordine el tema. Son varias las instituciones relacionadas con la seguridad ciudadana, como los ministerios de Defensa, Interior y Justicia, la Policía, la Fiscalía, el ICBF y el Departamento Nacional de Planeación, pero no hay un liderazgo claro ni una coordinación efectiva entre estas instituciones. Algunos de los candidatos y candidatas conocen y han sufrido este problema, y saben que para solucionarlo se requiere un fuerte liderazgo de quien gobierne desde la Casa de Nariño. Como hemos dicho, hay que crear un ministerio, un viceministerio, o gobernarlo desde la Presidencia.

La participación de los ciudadanos es fundamental para que las autoridades de seguridad y justicia cumplan con sus funciones de manera eficiente.

Desde el primer año de gobierno hay que contar con una política pública de seguridad ciudadana que involucre a todos los alcaldes y gobernadores, quienes desde el nivel territorial deben responder por los resultados en esta materia. Hay que recordar que en cuanto a seguridad, los mandatarios locales son agentes del presidente.

A instancia del Consejo de Política Criminal, hay que coordinar con todas las instituciones estatales de justicia los ajustes necesarios de la Rama Judicial y contar con una política criminal integral que privilegie, por un lado, las acciones de prevención de la violencia y la delincuencia, en especial la violencia juvenil y la solución alternativa de los conflictos, y, en el otro extremo, comenzar a solucionar el grave problema de privación de la libertad de adultos y adolescentes, comenzando por reestructurar o acabar el Inpec y la Uspec, dados los niveles de ineficiencia y corrupción, y definir responsabilidades del Ministerio de Justicia con el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

Hay que aumentar con urgencia el número de policías para cubrir tanto las áreas urbanas como las rurales, y hacerlo con el esfuerzo de formación de la institución policial con altos estándares de calidad. Este esfuerzo, que no va a ser suficiente ante la urgencia y necesidad de nuevos policías, hay que complementarlo con la utilización, previa formación en materia de seguridad ciudadana, de militares y, por qué no, desmovilizados de las Farc para que presten seguridad en áreas rurales como parte del grupo de carabineros.

En todo esto, la participación de los ciudadanos es fundamental para que las autoridades de seguridad y justicia cumplan con sus funciones de manera eficiente, transparente y en el marco del Estado de derecho. Sin creación de capital social en todo el territorio nacional son insostenibles los logros frente a la violencia y la delincuencia.

Entre las tendencias de derecha, centro e izquierda que se perfilan para las próximas elecciones, la seguridad es un derecho de todos los ciudadanos que debe garantizar el Estado, independiente de la ideología política que se instaure en la Casa de Nariño.

HUGO ACERO VELÁSQUEZ

Columnistas

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