Contrariando toda la significación que  tienen las comunidades indígenas por ser las primeras que habitaron estas tierras de América, a los indígenas de Colombia, para hablar seriamente, nadie los toma en serio. El tratamiento que reciben de las instituciones estatales y gubernamentales y de la llamada sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, muchas veces, es de "hermanos menores", por no decir de "disminuidos mentales".
 
Así, para poner ejemplos, se perciben las grabaciones de las arengas incendiarias de Piedad Córdoba conminando  a los indígenas al levantamiento rebelde en contra las fuerzas del Estado, irrespetando y desconociendo procesos de organización y madurez comunitaria en los que, a decir verdad, la negra Piedad no ha tenido nada que ver y, eso sí, dando papaya para que los malquerientes y opositores de las luchas pacíficas indígenas las señalen como infiltradas por un combo de vociferantes de la extrema izquierda y, lo peor, de la extrema izquierda armada.
 
Poca ayuda, entonces, les da la "lengua candela" de Piedad Córdoba a unos procesos de legítima exigencia de efectividad de la autonomía alcanzada en el proceso constituyente de 1991 y plasmada en la letra de la Constitución de 1991, que, se sabe, disgusta a algunos de los organizados en la denominada Marcha Patriótica. Lo respetable y respetuoso, en mi sentir,  es brindar el apoyo a los procesos autónomos de las comunidades indígenas, que, debemos recordar, en relación con el conflicto armado lo primero que han hecho, a punta de "bastón de mando",  es empujar fuera de sus territorios la presencia de la guerrilla de las Farc. ¿Será eso lo que les molesta a algunos de esa extrema?
 
Pero si por esas orillas creen que ser indígena es sinónimo de ser disminuido mental, por otras orillas el tratamiento es de similar irrespeto. Ridícula, para poner otro ejemplo, la exhibición del ahora denominado "centro" exponiendo ante los medios la voz de una indígena que se declara "adoratriz" del expresidente de los "tres huevitos" y que señala, con voz acusadora, de voceros de las Farc a los líderes más significativos  que trabajan en el proceso de autonomía y de erradicación de la guerra de los territorios ancestrales. Han pretendido los voceros del lado de la derecha extrema sacar partido de manera oportunista intentando poner las voces de la autonomía indígena en la orilla intolerante e incendiaria que pregonan.
 
A decir verdad, estas voces, por extremas que sean, provienen del variopinto espectro de la sociedad civil. Lo realmente preocupante, contrariando mandatos constitucionales y expresas órdenes legales, es que se siga tratando a las comunidades indígenas con la vieja mirada de "atención a menores de edad" por parte del Estado y del Gobierno. La interlocución que reclaman los indígenas debe ser del más alto nivel y no de voces de funcionarios y subalternos sin capacidad de decisión. El Gobierno debe trascender las visitas y  ritos simbólicos. Los organismos de control, por su parte, deben estar vigilantes de la efectividad del cumplimiento de la letra constitucional y los derechos indígenas. No más "lucecitas de bengala" anunciando castigos  e intentando criminalizar el derecho que tenemos en Colombia a decir lo que nos venga en gana. Es preferible escuchar una lengua incendiaria que el silencio de la censura y la criminalización de la opinión. Procurador, no se equivoque.
 
Entonces, la situación indígena en Colombia, sin más dilación, requiere tratamiento serio y consecuente con el mandato constitucional. Mientras así se tramita, ojalá desde acá aprendiéramos sobre la enorme fuerza que tiene la acción pacífica y, entre todos, sin disparar un tiro, erradicáramos la guerra de la geografía colombiana. En ese camino, ni más allá ni más acá, se interpreta el desarme vigente en Bogotá.
 
*Constituyente de 1991