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Preguntas

Las Farc pueden escoger el silencio, pero, por el bien de la democracia, la sociedad está en su derecho de exigir respuestas.

Gustavo Duncan
A las Farc se les reconoció en los acuerdos que pueden hacer política, y como tal se debe proceder, así para muchos sea una concesión injusta dada la dimensión de sus crímenes. Al margen de las opiniones, las decisiones del Estado son para cumplirlas. Lo que no puede pedirse es que para facilitar el aterrizaje de las Farc en la política legal se proceda a romper la lógica del control de la sociedad sobre quienes pretenden gobernar. Esa es una de las bases de la democracia.
Sorprende en ese sentido la forma como diversos periodistas afrontaron las primeras entrevistas a los máximos jefes de las Farc luego de la firma definitiva del acuerdo. Pareciera que había un consenso tácito en que no era el momento de hacer preguntas incómodas, y por eso los cuestionarios se limitaban a preguntas generales sobre su ideario, el acuerdo, las disidencias, etc.
No se trataba tampoco de aprovechar la oportunidad para hacerles un juicio público, esa es tarea de la justicia transicional, sino de que al menos respondan unos cuestionamientos puntuales que son necesarios para que la sociedad tenga la suficiente confianza y los pueda aceptar en el juego democrático. Tal cual como se les preguntaría a los demás miembros de la clase política, sin importar su tendencia ideológica.
Por eso aprovecho para preguntarles a las Farc:
¿Son responsables del asesinato del profesor de la Universidad Nacional Jesús Bejarano y del dirigente comunista José Cardona Hoyos? En el crimen de Cardona, ¿estuvieron comprometidos miembros del Partido Comunista?
¿Es cierto, como se acusa en el proceso 2022 de la Fiscalía, que la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz utilizó las comunidades de Paz en Urabá como refugio para guerrilleros de las Farc y que asesinaron a Manuel Moya y Graciano Blandón porque se opusieron a la orden de elegir determinados representantes a los consejos de las comunidades afros?
¿Fue verdad la denuncia que hizo Colombia en la OEA en el 2010 de 87 campamentos de las Farc, ¡campamentos, no guerrilleros ocultos en la población civil!, en Venezuela?
No son preguntas caprichosas, pues dicen mucho del compromiso de las Farc con las víctimas, de reconocer sus vínculos con organizaciones legales y de la injerencia de terceros países. Las Farc pueden escoger el silencio, pero, por el bien de la democracia, la sociedad está en su derecho de exigir respuestas a preguntas como las anteriores.
Gustavo Duncan
Gustavo Duncan
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