La sentencia

La sentencia

Según esta, no puede hablarse de unidad de mando en el paramilitarismo, ni siquiera en las Auc.

15 de junio 2017 , 12:00 a.m.

El magistrado Eduardo Castellanos acaba de presentar una sentencia que marca un precedente importante en los análisis de contexto. La sentencia es importante porque se aparta del maniqueísmo de muchas interpretaciones del paramilitarismo y reconoce la complejidad del fenómeno y sus variaciones, lo que evita que las responsabilidades, tanto ante los tribunales como ante la memoria histórica, sean adjudicadas de manera generalizada.

La sentencia en cuestión trata del bloque Tolima, desde su creación en los 80 hasta su disolución a mediados del 2000. El hallazgo más importante, que permite plantear un atributo general del fenómeno, es que no puede hablarse de unidad de mando en el paramilitarismo, ni siquiera por parte de los hermanos Castaño cuando crearon las Auc. Según la sentencia: “... las Auc puedan ser caracterizadas de mejor manera, como una alianza coyuntural de señores de la guerra y narcotraficantes” (p. 141).

Un juicio sobre lo sucedido debe centrarse en los personajes que directamente dirigieron el aparato de guerra y en terceros como algunos narcotraficantes, políticos y empresarios

La prueba de la afirmación anterior es la historia misma del bloque Tolima. En sus inicios era un grupo de autodefensa nativa, compuesto por campesinos descendientes de la Violencia clásica. Algunos finqueros del lugar los ayudaban voluntariamente. Luego hicieron contacto con los Castaño e incrementaron su capacidad de guerra. Arroceros y cementeros los financiaron para protegerse de los secuestros de las Farc. Los pagos que hacían no incluían despojos de tierra, pero había exigencias de limpiar la zona de delincuentes comunes.

En algún momento todo cambió cuando un narcotraficante al que Castaño tuvo secuestrado por una deuda se apoderó del bloque. Ahora no era solo un ejército contrainsurgente que garantizaba la protección de las élites y las comunidades locales. Era también una máquina de acumular dinero y poder con suficiente autonomía para desobedecer las órdenes de los Castaño. Las extorsiones a todas las actividades económicas, incluyendo las más básicas, se generalizaron, y la clase política estaba obligada a negociar con ellos el gobierno local.

En consecuencia, un juicio sobre lo sucedido debe centrarse en los personajes que directamente dirigieron el aparato de guerra y en terceros como algunos narcotraficantes, políticos y empresarios que, además de patrocinarlos, se beneficiaron más allá de la protección: utilizaron la violencia para enriquecerse. La clave para hacer justicia es identificar a los terceros sin hacer generalizaciones.

GUSTAVO DUNCAN

Columnistas

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