Coca

Coca

La clave es llevar la Fuerza Pública a las zonas de cultivos para que el Estado se imponga.

20 de abril 2017 , 12:00 a.m.

El país está de nuevo inundado de coca. El Gobierno está obligado a adelantar algún tipo de plan que resuelva el problema o, por lo menos, que invierta la tendencia de crecimiento. Hasta ahora se ha hablado de un ambicioso plan para erradicar 50.000 hectáreas de manera voluntaria y 50.000 por la fuerza. El plan es, por decir lo menos, poco creíble en el año y algo que le queda a Santos si se tienen en cuenta los antecedentes en erradicación. Preocupa la improvisación.

Pero la falla del Gobierno no es tanto su pobre estrategia contra los cultivos. Era muy difícil evitar el crecimiento de la coca durante la negociación. No había manera de erradicar y mantener el cese bilateral al mismo tiempo. Lo verdaderamente grave es que no existe un plan para evitar que las bandas criminales copen las zonas de cultivos que son abandonadas por las Farc ahora que se desmovilizan.

La coca en sí misma no es el problema de seguridad. El problema es que cuando no hay presencia de Estado o cuando sus instituciones no funcionan, el control del narcotráfico, o de cualquier otro negocio criminal, exige que organizaciones armadas controlen también la población que allí habita.

El Estado debe aprovechar ese período para hacer lo que nunca ha hecho: proveer seguridad y orden a los cocaleros.

En Estados Unidos, por ejemplo, donde se mueve la mayor cantidad del dinero de la venta de drogas, las organizaciones criminales lejos están de controlar a la gente del lugar donde ocurren las operaciones de tráfico. El Estado es demasiado fuerte para poder implantar un monopolio de la tributación, de la justicia y de la vigilancia como lo hacen las ‘bacrim’. Allá, los narcos no gobiernan gente; aquí, sí.

Por eso, la clave es llevar la Fuerza Pública a las zonas de cultivos para que el Estado pueda imponer sus instituciones y neutralizar las aspiraciones de control territorial de las ‘bacrim’. Aunque existe el problema de que el Estado no puede poner orden en actividades que sus propias leyes criminalizan, como ocurre con la coca, existe una ventana de oportunidad. Los acuerdos hablan de un período de descriminalización de los cultivos mientras las comunidades se comprometan a erradicar de manera voluntaria.

El Estado debe aprovechar ese período para hacer lo que nunca ha hecho: proveer seguridad y orden a los cocaleros, es decir, ser el Estado. En las actuales circunstancias, lo apremiante no es erradicar la coca sino pacificar la periferia del territorio, donde, precisamente por no haber Estado, se ubican los cultivos.

GUSTAVO DUNCAN

Columnistas

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