Todos aplaudimos la decisión de destinar 10% de las regalías a la ciencia, tecnología e innovación.

El vuelco al régimen de regalías es la reforma económica más ambiciosa emprendida hasta ahora por la administración Santos. El enorme monto que han alcanzado estos recursos, su inequitativa distribución y la innegable evidencia de su mal uso, por incompetencia o corrupción, hacían indispensable una reforma profunda del régimen previo. El Gobierno convenció al país de esta necesidad y el Congreso expidió una reforma constitucional y una nueva Ley sobre la materia. Sin embargo, a tiempo que hubo grandes avances, se desaprovecharon grandes oportunidades. El Gobierno mató al tigre y se asusto con el cuero.

Lo mejor de la reforma es que "la mermelada se reparte mejor por toda la tostada", en palabras del Ministro de Hacienda. Los constituyentes de 1991 cometimos un error al mantener las proporciones excesivas que leyes previas habían otorgado a los departamentos y municipios productores, en épocas en que las regalías eran mucho más pequeñas. Era difícil prever el auge de precios que ha convertido hoy a Colombia en un país minero-energético. Como consecuencia de estos dos hechos, unos pocos departamentos y municipios recibían tanta mermelada que se indigestaban y la mayor parte del territorio se beneficiaba muy poco del boom. Las nuevas normas mantienen una alta fraccion de las regalías en manos de los productores (al menos el 10% del total), lo que está bien, pero permitirán irrigar una mayor proporción a otras regiones a través de los Fondos de Compensación y de Desarrollo Regional (al menos el 40% del total). Además, estos recursos beneficiarán especialmente a las regiones más pobres.

Asimismo, se crean mecanismos institucionales para evitar que las regalías se usen mal. Los proyectos regionales financiados con estos recursos estarán en manos de órganos colegiados con participación del Gobierno Nacional. Habrá que ver cómo opera este sistema en la práctica. Preocupa que estos grandes recursos se manejaran por fuera de los procedimientos que rigen al presupuesto nacional. La nueva Ley también refuerza los instrumentos de supervisión de la ejecución y de intervención preventiva y correctiva en caso de tener indicios o pruebas de mal uso de los recursos.

Es bueno que en épocas de ingresos altos se ahorre una proporción importante de los ingresos por regalías (hasta el 30% del total). Ello contribuirá a evitar un gasto excesivo durante los boom que agrave las presiones de revaluación. Sin embargo, en periodos de ingresos bajos los recursos desahorrados irán todos a las entidades territoriales. O sea que contribuirán a estabilizar los gastos territoriales, pero no los del presupuesto nacional.

En forma más general, la Ley no contribuye en nada a fortalecer las finanzas del Gobierno Nacional (¿acaso las riquezas del subsuelo no pertenecen a la Nación?). El Gobierno afronta inmensas presiones nuevas de gasto (reparación y restitución, la recuperación de atrasos en infraestructura de transporte, la mejoría de la calidad de la educación, las pensiones para los ancianos, etc.). A menos que la bonanza de precios del petróleo y los minerales dure para siempre, lo cual es muy improbable, no se ve cómo se financiarán sin incumplir la regla fiscal. Se desaprovechó esta oportunidad para cerrar parcialmente el hueco fiscal latente.

Finalmente, todos aplaudimos la decisión de destinar un 10% de las regalías a la ciencia, tecnología e innovación. Pero resulta que estos recursos se gastarán íntegramente en proyectos regionales. Esto resulta contradictorio con la política de innovación que ha adoptado el propio Gobierno y con el simple sentido común. La mayor parte de los programas y proyectos de un sistema de innovación eficiente tienen alcance nacional y no están atados a una porción del territorio. Todos esperábamos que los recursos adicionales que requieren Colciencias y Bancóldex y otros programas de la política de innovación salieran de este 10%. Aquí se desaprovechó otra gran oportunidad.