Termocandelaria y Electricaribe

Termocandelaria y Electricaribe

La nueva fase de la intervención de Electricaribe resultó inevitable, pero conlleva grandes riesgos.

19 de marzo 2017 , 04:24 a.m.

El régimen de prestación de servicios públicos domiciliarios establecido en la Constitución de 1991, basado en la competencia entre empresas prestadoras (privadas y públicas) bajo regulación y supervisión del Estado, ha funcionado relativamente bien. Al menos mucho mejor que el previo, en el cual la prestación estaba exclusivamente en manos de empresas estatales y se caracterizaba por baja cobertura, mala calidad y ausencia de mecanismos de defensa de los usuarios.

Pero el régimen actual exige tanto una buena regulación como la intervención y/o imposición de multas a las empresas que incumplan, pues de lo contrario la regulación sería letra muerta y se perjudicarían los usuarios. Por eso, la Constitución del 91 ordenó la expedición de leyes de servicios públicos y la creación de comisiones autónomas de regulación y de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Esta estructura institucional es similar a la que todo país tiene para el sector financiero. La Superfinanciera protege al depositante, o inversionista en valores, y vigila o interviene a las entidades financieras para evitar o resolver las crisis financieras. Análogamente, la Superservicios debe proteger a los usuarios, vigilar que las empresas estén en capacidad de prestar bien los servicios y sancionar sus incumplimientos. Y, cuando resulte indispensable para garantizar la continuidad del servicio, debe intervenir y manejar bien las empresas intervenidas, hasta encontrar una solución apropiada para su prestación futura.

Los dos casos más recientes de intervención son los de Termocandelaria y Electricaribe. Termocandelaria recibió cargos por confiabilidad durante muchos meses, a cambio de lo cual debería generar en períodos del Niño al precio de ‘escasez’ regulado por la Creg, inferior al precio que se observa en bolsa en esos períodos. Pero, cuando sobrevino el Niño y fue llamada a generar, eludió sus compromisos, aduciendo indisponibilidad de sus plantas y problemas financieros, con lo que puso al país entero en riesgo de racionamiento. Por eso fue intervenida, y se evitó el apagón.

Pero la superintendente anterior les hizo un regalo indebido a sus dueños. Los eximió de obligaciones regulatorias, con lo cual la empresa, a diferencia de otras, pudo vender a altísimos precios de bolsa durante el período de escasez. El superintendente actual, tras la debida investigación, le impuso recientemente una multa significativa por el incumplimiento de sus obligaciones en ese año. Con ello corrige en algo el despropósito cometido, que podría haber llevado a que otros generadores siguieran el ejemplo de esa empresa, a costa del bolsillo de los colombianos.

Electricaribe fue intervenida porque dejó deteriorar las redes y los índices de continuidad del servicio y entró en una crisis financiera que le impedía ya comprar la energía requerida para atender la demanda de la Costa. Esta semana, la ‘Súper’ ordenó su liquidación al concluir que, sin una inyección cuantiosa de capital ni mejoras en gestión, no está en capacidad de prestar el servicio. Se entra en una transición durante la cual la ‘Súper’ continuará administrándola y buscará operadores idóneos que estén dispuestos a hacer las inversiones requeridas para garantizar la prestación del servicio. Gas Natural puede aún recuperar su empresa si decide inyectar el capital requerido.

Pero lo que sigue conlleva riesgos grandes. Es imprescindible actuar con rapidez pero con total transparencia, ceñidos a estrictos estándares técnicos y jurídicos. El Gobierno tiene que facilitar que la ‘Súper’ actúe con total autonomía, libre de presiones de intereses políticos y económicos. Y la clase política de la Costa tiene que colaborar para erradicar la cultura de no pago. De otra manera no habrá quien pueda garantizar la continuidad y calidad del servicio.

GUILLERMO PERRY

Columnistas

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