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La nueva violencia

El Gobierno es el mayor responsable, pero la extrema derecha le está echando gasolina al fuego.

Guillermo Perry
Confiábamos en que la desmovilización de las Farc conduciría a una rápida reducción de los niveles de violencia en el país, como había comenzado a suceder desde que cumplieron con el cese unilateral del fuego durante la negociación. Pero las cosas se están descarrilando. Es indispensable actuar con decisión para frenar la nueva violencia y deponer las actitudes extremas que la fomentan.
El Gobierno no está cumpliendo a cabalidad su responsabilidad constitucional de proteger la vida de todos los ciudadanos. En particular, no está protegiendo bien a los líderes sociales en las zonas de posconflicto, incluidos quienes han suscrito acuerdos de sustitución de cultivos, que están cayendo a montones, acribillados por las balas del narcotráfico y otras bandas criminales. Ni tampoco a los activistas desarmados de las Farc, que ya han sido víctimas de varios asesinatos. No se puede permitir que se repita lo que sucedió con la Unión Patriótica hace unas décadas.
Esta delicada situación es consecuencia de la improvisación con la que el gobierno Santos encaró las tareas del posconflicto y de la falta de liderazgo en el Ministerio de Defensa. Santos fue acucioso en presionar a los negociadores a firmar rápido y en promover internacionalmente su agenda de paz. Pero no lo fue en preparar a su equipo para las difíciles tareas del posconflicto. Y a mala hora sustituyó a Pinzón en el Ministerio de Defensa por un ‘ministro para la paz’, como presentó a Luis Carlos Villegas, quien tenía cualidades innegables como negociador, pero no las tiene como líder de la Fuerza Pública en un período tan crítico para la consolidación del orden público en todo el territorio.
La expansión de los cultivos ilegales en años pasados complicó el problema. Esa expansión fue consecuencia de estímulos para la siembra, ante el aumento de los precios internacionales de la coca y la oportunidad de ganarse los subsidios de la equivocada política de sustitución que se acordó con las Farc, así como de un control menos efectivo al haber suspendido prematuramente las aspersiones con glifosato sin tener un buen plan alternativo.
Además, haber insistido en negociar con el Eln sin que esta agrupación accediese a un cese del fuego unilateral terminó fortaleciéndola militarmente, tal y como había ocurrido con las Farc durante la farsa del Caguán.
Todos estos factores son responsabilidad del Gobierno.
Pero tampoco se puede desconocer que la actitud beligerante de varios dirigentes y militantes de la derecha política le está echando gasolina al fuego. Así lo vimos recientemente en las agresiones físicas contra ‘Timochenko’ y su justificación posterior por algunos líderes de esos sectores políticos.
Tales actitudes son inaceptables en una democracia, como lo han reconocido columnistas simpatizantes de esas tendencias políticas. No es una excusa válida que ‘Timochenko’ y la Farc asuman posiciones provocadoras. Eso es una torpeza más en una larga cadena de torpezas, pero de ninguna manera justifica la violencia contra ellos. Al igual que el hecho de que una jovencita inmadura entre a un bar con una minifalda ‘provocadora’ de ninguna forma excusa la violencia de quien resuelve violarla.
Tampoco es una excusa válida que el acuerdo con las Farc haya aceptado, equivocadamente, que dirigentes responsables de delitos de lesa humanidad puedan ir de inmediato al Congreso, sin antes pagar su pena. Desafortunadamente, la Corte Constitucional se lavó las manos y dejó en las de la Jurisdicción Especial para la Paz, que aún no arranca, la opción de imponerles penas que podrían resultar incompatibles con el ejercicio inmediato de sus funciones como congresistas. Ojalá los nuevos jueces procedan con rapidez y razonabilidad en esta materia, pero los fallos de la Corte deben ser acatados por todos, así no nos gusten.
GUILLERMO PERRY
Guillermo Perry
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