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Cataluña: perdió el gobierno español

Partido de gobierno, el socialista, la gran prensa de Madrid y la monarquía, entre los derrotados.

Guillermo Maya
El 21 de diciembre pasado, los catalanes votaron para elegir a los miembros de la asamblea autonómica (Parlament), en elecciones convocadas por la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, invocado por el gobierno de Madrid, que llevó además a la destitución del presidente de la Generalitat, la disolución del Parlament y la detención de varios políticos so-beranistas, mientras otros huyeron al extranjero, incluido el presidente, por-que habían declarado unilateralmente la independencia de España, el pasado 27 de octubre, al igual que realizado el plebiscito, también unilateral, convo-cado por la Generalitat, en medio de la represión policial el pasado 1.° de octubre.
A pesar de la represión política, la propaganda de Madrid, las amenazas económicas y políticas, ‘Si ansías ir al desempleo, vota secesión’ (elpais.com, 21 de diciembre del 2017) respecto a los perjuicios para la población si los soberanistas ganaban la selecciones, el pueblo catalán refrendó la votación anterior, y los partidos soberanistas (JxCat, Esquerra Republicana y CUP) obtuvieron la mayoría absoluta con 70 de 135 escaños en el Parlament, dos menos que en 2015, con el 47,49 por ciento de los votos, un 0,25 por ciento por debajo de la votación conseguida en el 2015. La participación electoral fue enorme, casi 82 por ciento del censo electoral.
Sin embargo, las masas silenciosas que el gobierno de Rajoy esperaba que salieran a votar en contra de los soberanistas no aparecieron. Prácticamente, la correlación de fuerzas políticas entre independentistas y ‘constituciona-listas’ no se alteró, aunque el partido de gobierno (PP) sí recibió una merecida derrota. Además, entre los partidos opuestos a la independencia de Cataluña, la agrupación de derecha Ciudadanos ha ganado el mayor número de escaños y ha sido la lista más votada. No obstante, habría que anotar que el sistema electoral español no es presidencialista, sino parlamentario, y los escaños se reparten por circunscripciones y se asignan de acuerdo a la ley
D’Hondt, votantes/número de escaños, y el último escaño al mayor cociente electoral, si alcanza el 3 por ciento de los votos.
En este sentido, los grandes derrotados han sido el partido de gobierno, el Partido Socialista que ha apoyado a Rajoy en todo el proceso, la gran prensa de Madrid y la monarquía borbónica restablecida por el dictador Francisco Franco e impuesta por sus herederos políticos en la reforma constitucional de 1978 como trofeo de la guerra civil.
La derrota (‘batacazo’, dice la prensa española) se ha tratado de atribuir al “injusto” sistema electoral existente, debido a que Ciudadanos, a pesar de ser la agrupación con el mayor número de votos, no obtiene la presidencia de la Generalitat ni la presidencia de la Asamblea. Esta victoria les otorga a los independentistas la posibilidad de nombrar la directiva del Parlament y a su presidente (enero 17), así como nombrar al presidente (enero 31), que a su vez forma el gobierno de Cataluña.
Sin embargo, a la par, los jueces siguen haciendo imputaciones a líderes de los sectores independentistas, y de los 70 escaños obtenidos, 5 están en entredicho porque sus titulares huyeron, como Puigdemont, y en el caso de los tres restantes que están en la cárcel, estos pueden delegar su voto, pero no pueden asistir a la asamblea de instalación. El sistema judicial es muy severo con los independentistas, e incluso se ha reforzado su dureza para incidir en la conformación del Parlament y la presidencia de la autonomía, dándoles así posibilidades a las fuerzas llamadas ‘constitucionalistas’.
Incluso, como propio del débil nacionalismo español de patriotismos duales, las celebraciones del Día de Cataluña (Diada) han sido investigadas por la Guardia Civil (Policía española) y han sido catalogadas de manifestaciones “de odio contra España”, por lo cual sus promotores pueden ser inculpados del delito de odio. Por este camino jurisprudencial llegará el día en el que los ricos demanden a los pobres por el delito de odio por criticar la distribución de la riqueza.
Así, la organización de las marchas pacíficas de la Diada se ha convertido en “parte del delito de rebelión” por el que están investigados varios líderes catalanes y que están en prisión, como Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el exconsejero Interior
Joaquim Forn (‘La Guardia Civil apunta a las manifestaciones de la Diada como ‘germen de odio hacia el Estado español’’, www.lavanguardia.com, 21 de diciembre del 2017).
No deja de ser una coincidencia que el auge del separatismo catalán haya ocurrido en medio de la mayor crisis por la que haya pasado la eurozona, especialmente en España, con altas tasas de desempleo, bajo crecimiento económico y una política de austeridad que ha agravado y prolongado la situación, y con los peores episodios de corrupción. Titular: ‘Casi cinco millones de trabajadores se han quedado sin subida salarial en los últimos diez años’ (publico.es, 4 de enero del 2018). El independentismo pasó del 13 por ciento de los electores en 1998 al 47,49 por ciento en 2017.
GUILLERMO MAYA
Guillermo Maya
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