Hampones de investidura oficial

Hampones de investidura oficial

La ética administrativa se volvió maleable, toma la forma del cráneo del funcionario, del magistrado

22 de julio 2017 , 12:00 a.m.

Ante el torrente de barbaridades de corrupción administrativa que flotan por ahí como heces en alcantarilla y apresuradamente desaparecen para que otras nuevas se abran paso, se propone en muchos medios de comunicación la pregunta, elaborada con pretendida sofisticación, acerca de cuál fue ese momento en el que se perdió la frontera ética en el país.

¿Cuál frontera? Sería un mejor interrogante por formular, pues esa línea divisoria no parece haber existido, al menos en la denominada vida republicana desde aquella Independencia que, como se ha planteado nuestra singular historia, no es preciso si ocurrió en 1810 o en 1819, o si en realidad aconteció del todo.

Los hechos subrayan que desde entonces se instaló en la burocracia nacional un criterio patrimonialista, lo cual, de la forma como explica Max Weber las concepciones de gobierno, significa que el gobernante de turno confunde su patrimonio propio con los bienes públicos; entiende, a la manera de un monarca milenario o de un señor feudal, que cuanto administra (personas, almas, tierras, cosas, dineros, normas) les pertenece a él y a su familia. Así que, desde ese comienzo de la leyenda patria, los principios de igualdad y propiedad (esencia del liberalismo democrático de la época) se asumieron como privilegio de un reducido grupo aristócrata que fue apiñando en su caja fuerte todos los privilegios, que armó negocios con pocos de su misma clase y los fue magnificando en alianza o complicidad con gobiernos extranjeros.

Desde ese comienzo de la leyenda patria, los principios de igualdad y propiedad (esencia del liberalismo democrático de la época) se asumieron como privilegio de un reducido grupo aristócrata

La ética administrativa (equivalente a los valores que rigen la relación del servidor público con la sociedad y con su investidura) se volvió maleable, toma la forma del cráneo del funcionario, del gerente, del magistrado. El carro oficial para hacer mandados en casa, la enorme cuenta del celular, los viáticos por viaje semanal innecesario, la fila de guardaespaldas para sacar el perrito del doctor a orinar. Si trabajo por este país, alguna prerrogativa merezco; lo de la austeridad, para el mensajero, no para mí, que bastante favor hago con este sueldo, que no alcanza ni para pagar la tarjeta de crédito, se les oye con frecuencia.

De ahí no resulta difícil pasar a más: sentencia acomodada, la ley para ayudar a la empresa que hizo aporte a la campaña; a estos gringos o a tales españoles los necesitamos, y apenas piden concesión o banco; una licitación para usted no traumatiza a nadie. Gratitud, regalo, soborno, la parte del tesoro quimbaya que ofrendó el presidente Holguín a España (la otra no se sabe en qué garras quedó), el territorio que otro presidente dio años más tarde a Venezuela, Concesión Barco, Dragacol, Guavio, Commsa, Reficar, Agro Ingreso, el veneno de Odebrecht en la política nacional. Los nombres vinculados a esos episodios vergonzantes pasan; incluso, un alcalde errabundo entre el escritorio oficial y la cárcel se llama ‘Jhon Calzones’ (¿algo cabe esperar?). Los abogados de todos estos ahora son estrellas de jet set, cobran entre 500 y 1.000 millones por acompañar en la indagatoria a sus clientes viborillas, a quienes, con indisimulada burla, declaran inocentes perseguidos políticos. Todo cabe y se diluye, ya está dicho, igual que excrementos en agua.

Este nuevo 20 de julio, el presidente Santos anunció que buscará eliminar la larga lista de privilegios penales a funcionarios corruptos. Lo hizo en el Congreso, en donde buena parte de los presentes, antes que temblar, seguramente tuvieron que contener la risa. Las leyes anticorrupción también pasan por sus uñas.

Advertirá usted que no son todos, y tiene razón. Pero no robar no es favor.

GONZALO CASTELLANOS

Columnistas

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