Cultura con apellido

Cultura con apellido

Se destaca el propósito de esta ley, pero sin enredos que pueden resolverse en su puesta en marcha.

03 de junio 2017 , 12:00 a.m.

Saliendo de imprenta está la Ley Naranja (1834 de 2017), que plantea fortalecer las industrias culturales como el cine, TV, libros, artes o música. Estos sectores, nutridos de la creatividad, las prácticas culturales y simbólicas, sobresalen en la economía mundial, aportan cerca del 3 por ciento al PIB colombiano y, mejor aún, contribuyen al desarrollo humano, a cerrar brechas sociales históricas. Lo que se haga en su favor amerita reconocimiento. ¡Hasta ahí, bien!

Pero el demonio está en los detalles, dice el estudio ‘La economía naranja’, elaborado unos años antes para el BID por el senador del Centro Democrático Iván Duque, quien presentó y promovió la ley. En concreto, un par de elementos inquietan.

Con franco respeto a opiniones diferentes, creo que no podía el Congreso bautizar la ley con el rótulo de ‘economía naranja’ y llevarlo a un modelo de política pública, pues en cierto modo ese nombre corresponde a una denominación, casi un sello, que antes, al parecer, acuñó Duque en dicho estudio hecho y publicado en su órbita legítima pero particular. Habrán analizado, se supone, si eso significa o no un potencial conflicto de intereses. Incluso, el problema no es de nombre, es de identidad: no quisiéramos en el futuro hablar del vallenato naranja, el carnaval o el cine colombiano del mismo color para obtener apoyo estatal, ni menos tener que asociarlo al creador del rótulo, su partido o proyecto político.

Preocupa también la creación del Consejo de ‘Economía Naranja’, con 12 altos funcionarios (una especie de órgano supra), que deberá dar aval previo para que se consigan incentivos esbozados en la misma ley. ¿Toda iniciativa legislativa, gubernamental o territorial de estímulo; los recursos hacia programas específicos quedaron condicionados? Sucede que el apoyo estatal a la cultura es una obligación constitucional que no puede sujetarse sin mayor argumento a este tipo de intermediación; además, habría aquí una forma de cambio a la estructura administrativa del Estado, en donde ya existen competencias precisas en tales materias.

Se destaca el propósito de esta ley, pero sin enredos que pueden resolverse en su puesta en marcha. Y con los nuevos aires a la producción cultural, ojalá se reflexione más en acercar al público, en facilitar su acceso por diversidad de medios a toda esa magia del universo creativo.

GONZALO CASTELLANOS

Columnistas

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